El bailarín, imitador, payaso y alcalde de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldua, tiene un defecto más o por lo menos eso se detalla en un video que circula en redes sociales y medios de comunicación.
Aparece en la grabación, que da la impresión se desarrolla en una mesa de debate o en una reunión entre empresarios, un personaje llamado Zacarías Melhem Kuri, comerciante y ex funcionario de ese ayuntamiento en administraciones anteriores, el mismo está relatando un pasaje que vivió en su periodo de funcionario municipal.
“Smart, ¿tú sabes la historia?, le cobraban cinco millones de pesos para que se instalarán, cuando estos (Juan Diego) fueron funcionarios por primera vez, cuando ganamos siendo yo tesorero vienen de Reynosa y nos llaman, no querían facilidades, nada, nada, solo que no les pidieran”, dice en el video.
Esto, más que las funciones gratuitas de Guajardo cantando y actuando como Pedro Infante en el Yo no Fui o bailando en aquella canción de Gay llamada Sobreviviré para promocionar su informe, si debe ser investigado, llegar a las últimas consecuencias y que la autoridad determine qué hacer, digo, no se vale que se quiera reelegir si es verdad lo que ahí se menciona.
Es un delito pedir un moche de cinco millones de pesos pero más criminal es atentar contra el pueblo, contra el ciudadano que te dio el voto para ocupar el puesto más honroso en un municipio, el de alcalde y eso hace un alcalde cuando condiciona a una empresa para instalarse y generar empleos.
Obvio es, el video donde se hace tal acusación contra Guajardo debe ser aliciente para que empresarios que hayan sido víctimas del alcalde de Río Bravo que quiere reelegirse o de cualquiera de los otros 43 municipios del Estado, salgan a la luz pública y les destruyan ahora que quieren reelegirse o elegirse nuevamente, más que eso, para que la autoridad competente inicie carpetas de investigación contra los mismos para determinar si se pueden comprobar las acusaciones o no.
Ya sé, toda la vida se ha hablado de esas prácticas entre alcaldes que amenazan a empresarios o les hacen la vida de cuadritos hasta que aportan sus moches, cuando para su desgracia descubren que no hay nada más efectivo que ceder a la extorsión y pagar para abrir una nueva empresa o sostener en funcionamiento la que ahora les da de comer, si han existido muchas versiones pero nunca se había hablado de algo tan claro, es más, no hay muchas historias parecidas.
Con los hechos expuestos, con un video donde se afirman tan contundentemente el presuntamente comportamiento del alcalde de Río Bravo y el que seguramente han de tener otros alcaldes de diferentes municipios, lo ideal es que los hombres del dinero, la industria y el comercio, más las autoridades y los mismos presidentes municipales salgan a platicar del tema, a tomar el toro por los cuernos y definir su postura al respecto la cual debe empezar por comisiones de investigación serias, respaldadas por hombres y mujeres respetables de cada pueblo.
El caso es que por ninguna razón se debe dejar el tema al olvido, no se puede permitir que un presunto intento de extorsión que daña al pueblo quede en una acusación pública o en señalamientos que golpearan políticamente a ciertos personajes y luego ya no pase nada judicialmente hablando.
No, no se puede dar por un hecho que Guajardo sea culpable de dicho intento de extorsión pero tampoco se puede dejar a la imaginación su inocencia o responsabilidad, a lo que vamos es a que una vez puesta en la mesa la observación las autoridades competentes investiguen y procedan en consecuencia.
Porque además del delito no se debe permitir el criminal acto de impedir empleos de calidad a los ciudadanos nomás por la ambición de una autoridad, digo, si es que existió ese intento de soborno o extorsión, era un moche de cinco millones de pesos que el mismo relato dice nunca se concreto pero que deseaban con toda el alma y que siembra muchas dudas, por ejemplo, ¿qué sucedería con las empresas que si se instalaron en el periodo de la administración anterior de Guajardo y de muchos otros alcaldes de Tamaulipas?, a eso vamos, ya no se debe permitir que el ciudadano viva con esa duda o quienes les dan empleos sean víctimas de esos hechos.
En otras cosas… sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y determinó, en diversas sentencias, confirmar los registros de candidatos realizados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
En diversos asuntos relacionados con la legalidad de registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa, Damián Zepeda Vidales y Napoleón Gómez Urrutia, el Pleno estimó que estuvieron apegados a Derecho.
Todo ello, en buen cristiano, se puede traducir a que la militancia panista se tiene que tragar las presuntas imposiciones que hiciera su cúpula partidista en busca de amarres políticos que hoy se sabe en nada le benefician y también que los ciudadanos tendremos que soportar a un presunto corrupto como Gómez Urrutía porque los partidos no supieron cómo tumbarlo.
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