México, 21 Oct (Notimex).- La magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gabriela Villafuerte Coello, aseguró que un observatorio electoral es el mecanismo para monitorear el cumplimiento de las condiciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema democrático.
Así lo señaló durante el segundo día de actividades del Primer Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Señaló que foros de análisis y discusión como este, se tornan en espacios propicios para evaluar la efectividad del modelo de comunicación política, identificar los aspectos positivos y virtudes a fin de fortalecerlos, así como las áreas de oportunidad susceptibles de ser replanteadas.
La Sala Especializada señaló en un comunicado que durante su participación en el foro Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) Social A.C., hizo énfasis en el déficit del modelo de comunicación política puesto que ha provocado un efecto contrario a sus fines.
Específicamente la sensible disminución de la confianza, el desencanto y el hartazgo de la ciudadanía por la baja calidad democrática.
Por su parte, Irene Levy Mustri, presidenta de Observatel A.C., se ocupó del nuevo diseño normativo del derecho de réplica; invitó a los investigadores a reflexionar sobre las dificultades que se tendrán en su implementación y efectivo ejercicio.
Asimismo, sugirió la necesidad de llevar a cabo políticas públicas para incrementar la pluralidad en los medios de comunicación.
Saúl López Noriega investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, manifestó que el actual modelo de comunicación política, ofrece ciertos riesgos al sugerir que los medios de comunicación social deban ser neutrales.
Puesto que en democracias consolidadas, los medios definen, con libertad, sus contenidos y se deben evitar espacios de discrecionalidad por parte de las autoridades electorales.
En tanto, el periodista Javier Solórzano Zinser puso en la mesa lo que hoy esta sociedad tiene que discutir en materia electoral.
Priorizó el gran déficit en los medios de comunicación en esta materia y coincidió con el punto de vista de Irene Levy, sobre el derecho de réplica. Llamó la atención sobre el alto costo de la democracia porque, desde su óptica, se fundamenta en la desconfianza.
Reflexionó en que no puede generalizarse el impacto de las redes sociales en el electorado, puesto que su penetración dependerá de factores específicos de cada elección.
Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) apuntó que las sentencias de la Sala Regional Especializada mayormente han privilegiado los márgenes de la libertad de expresión.
Resaltó que los criterios de la Sala Regional Especializada coinciden con criterios empleados por diversos tribunales del mundo, tales como los de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
Expuso que resulta de trascendencia la cooperación entre autoridades electorales como es el caso de la Unidad Técnica del Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Fepade.
