México, 22 Oct (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular del IMSS y al gobernador de Oaxaca por el caso de una indígena que por 14 años ha permanecido en condición de vida vegetativa por una negligencia médica.
El organismo defensor tuvo conocimiento del caso el 1 de julio de 2014, cuando un familiar de la víctima envió un correo electrónico en el que se adjunta un reportaje periodístico sobre la mujer originaria de Santa Cruz, que tenía 26 años cuando por una mala praxis médica quedó inmovilizada y en estado vegetativo.
En su investigación la CNDH “encontró elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la integridad personal y a vivir una vida libre de violencia obstétrica, que derivó en el daño al proyecto de vida de la mujer”.
Las evidencias también confirman violaciones a su derecho a una debida procuración de justicia cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
De acuerdo con la recomendación 32/2015, esos funcionarios tardaron 10 años en remitir la averiguación previa del caso a la Procuraduría General de la República (PGR), lo que originó que prescribiera la responsabilidad penal de la anestesióloga que atendió a la mujer.
En el documento el organismo defensor solicita la reparación del daño, una indemnización y satisfacción para la agraviada y sus familiares.
El 20 de junio de 2001, la víctima que iba a parir fue conducida al Hospital Rural Solidaridad número 34 en Tlaxiaco, Oaxaca.
En ese momento recibió mala atención médica de una anestesióloga, como determinó en julio de 2007 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), y como consecuencia la mujer quedó inmovilizada y en vida vegetativa, como continúa hasta la fecha.
La CNDH solicitó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya, reparar los daños e indemnizar a la familia.
De igual forma deberá ofrecer atención médica de tercer nivel, que incluya una nueva valoración neurológica y ginecológica para descartar o confirmar si el dispositivo intrauterino que aparentemente le colocaron a la mujer sin su consentimiento permanece en su cuerpo y, en su caso, representa un peligro para su salud.
También se le pidió proporcionar a la mujer rehabilitación permanente, brindar información constante a los familiares y dar atención sicológica al hijo de esta mujer, así como inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas.
Al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, se le requiere también la reparación del daño y la creación de un fideicomiso para que el hijo de esa mujer, hoy adolescente, pueda estudiar.
Asimismo deberá instruir la capacitación en derechos humanos, especialmente en lo que a mujeres y grupos vulnerables se refiere, al personal de la Procuraduría General de Justicia del estado, en particular a los agentes del Ministerio Público, así como llamarlos a que siempre actúen con diligencia y prontitud en los trámites.
De haber responsabilidad administrativa y penal del personal médico involucrado y en caso de que ésta haya prescrito, tendrá que “instruir a quien corresponda para que se deje constancia de esta recomendación en cada expediente de esos servidores públicos”.
