La convocatoria del PRI para elegir candidato a gobernador de Tamaulipas es una chulada, de cumplirse, de no ser simulaciones y se les ocurra proteger delincuentes para que los representen en las urnas, lo más seguro es que tendremos un candidato decente y con proyecto de Estado, ya que antes de ocupar el cargo será cometido a rigurosos exámenes de control y confianza que lo mismo incluyen el antidoping que el entregar sus expedientes a la Secretaría de Hacienda, la PGR y a la sociedad civil para su escrutinio.
La verdad es que los ciudadanos no merecíamos menos, el candidato del PRI tiene, de entrada, el 50 por ciento de posibilidades de ser el próximo gobernador de Tamaulipas, prácticamente competirá solo con el candidato del PAN, por lo que se hacía necesario un documento de ese tipo.
El problema, de la presentación y pantomima que se hizo al entregar la convocatoria con las bases para elegir al candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, fue la forma como lo hicieron, la soberbia que mostraron los jerarcas del tricolor para, por lo menos de palabra, comprometerse a que no tendremos un nuevo HUMBERTO MOREIRA o un nuevo TOMÁS YARRINGTON, a quienes la justicia les ha liberado órdenes de aprehensión por diversos delitos, como el lavado de dinero y delincuencia, en el primer caso detenido en el España y en el segundo caso sin que se sepa si es culpable o inocente, ya que no se ha presentado a enfrentar los procesos.
Real, el documento en si es una chulada, marca la obligatoriedad de los aspirantes a someterse a los exámenes de control de confianza y a protestar bajo juramento de decir verdad sobre los documentos que presenten, pero se supone que siempre han hecho lo mismo, que siempre han elegido los mejores hombres y mujeres para representarlos en las urnas y el caso del ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA, nos confirma que no se ha logrado gran cosa.
El caso es que JORGE MARIO LESCIEUR TALAVERA, Presidente de la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, no quiso ni siquiera pronunciar el nombre de HUMBERTO MOREIRA, se negó a responder, siquiera, si la detención del ex dirigente Nacional del PRI tenía algo que ver con la presunta lentitud que han tenido los tricolores para ponerse de acuerdo y sacar su famoso candidato de unidad, el encargado de presentar la convocatoria dijo que no era tema y esquivó el hablar de su detención o de la injerencia del caso en la política tamaulipeca.
Si, los del PRI olvidaron que el tema es muy sensible para los tamaulipecos, que buscamos al mejor candidato, que es de aplaudirse el documento que presentaron porque contempla todo lo necesario para que no aparezca un delincuente en las boletas electorales, pero olvidó, o quiso evadir, el Comisionado de Procesos Internos, que los ciudadanos conocemos la ley y no precisamente la han respetado y, por tanto, necesitamos saber que candados se van a colocar para evitar que algún gandalla pueda evadir puntos de la convocatoria o de plano para impedir que haya simulaciones a la hora de investigar a sus aspirantes.
Al final, en lo cortito, lo que sí dijo el Comisionado LESCIEUR TALAVERA, es que el PRI, por acuerdo de su dirigencia, está bastante dispuesto a cambiar a un candidato aún cuando lo elija o ratifique una convención en caso de que se presenten pruebas de que es un corrupto, se ha aliado con la delincuencia, o hizo trampa para salir seleccionado.
“Pero que quede claro, queremos acusaciones con pruebas contundentes, no solo de habladas como se acostumbra en los procesos políticos”, aseguró.
Por lo pronto hay tres noticias en el tricolor, la muy buena son los requisitos que marca la convocatoria a los candidatos, la regular es que no se explicó quien será el encargado de cruzar, verificar y validar la información que se obtenga de los aspirantes, y la mala fue la soberbia de su dirigencia de no hablar de sus personajes nefastos, de lo que les hace daño, de no darle garantías a la gente de que por lo menos piden castigo a quien cometa un delito en el ejercicio del poder.
En otras cosas… El gobernador de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTU puso en marcha la construcción de un puente sobre el río San Marcos y un parque en la capital de Tamaulipas, andaba visiblemente de buen humor al grado de que calificó el día como especial.
Recorrió algunas calles y platicó con los vecinos, atendió a la gente, escuchó y al final en una entrevista habló de la convocatoria del PRI, dijo que cada quien tendrá que hacer lo suyo, el gobierno a trabajar intensamente en lo suyo y los partidos a generar confianza en la gente y afirmó que él terminará tranquilo y trabajando.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inició con las clases presenciales de la Maestría en Big Data, programa que impulsa la formación de especialistas en las nuevas tendencias de las tecnologías de la información, herramientas que a nivel mundial son vanguardia en la generación del conocimiento y una de las áreas de mayor crecimiento.
Para dar inicio a los trabajos en el Centro de Excelencia de la UAT Campus Victoria, estuvieron el Secretario de Investigación y Posgrado, JOSE LUIS PARIENTE FRAGOSO, en representación del Rector ENRIQUE ETIENNE PEREZ DEL RIO; y el Doctor JOSÉ LOMINCHAR JIMENEZ, Director General del corporativo español Next International Business School (NextIBS), organismo con el cual la UAT sostiene un convenio de colaboración académica para realizar este posgrado.
Diputados de las diferentes fuerzas políticas, en reunión de Comisiones, dictaminaron procedentes reformas que proponen que el Contralor Municipal, garantice la salvaguarda de información diversa de los municipios, para el proceso de entrega-recepción.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales que preside la diputada GRISELDA DAVILA BEAZ, se dictaminó positivo modificar el Código Municipal de Tamaulipas, con el objeto de que sea facultad y obligación del Contralor Municipal, prever lo conducente para salvaguardar al término de una administración la información relativa a los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento.
Además, la información pública de oficio que deba archivarse, difundirse y actualizarse en términos de las leyes de transparencia y contabilidad gubernamental, a fin de garantizar la existencia de la misma en el proceso de entrega-recepción.
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