Agustín Antonio Padrés, primo del exgobernador de Sonora, es acusado de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa
HERMOSILLO, SONORA.- La Fiscalía Anticorrupción ejerció acción penal y consiguió una orden de aprehensión en contra Agustín Antonio Padrés, quien se ostentaba como primo del exgobernador de Sonora, acusado por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa, porque supuestamente vendía plazas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Odracir Espinoza Valdez, titular de la Procuraduría Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, detalló que existen 18 denuncias en contra del pariente del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías, quien solicitaba hasta 80 mil pesos por plazas laborales, además estimó que engañando a sus víctimas obtuvo alrededor de un millón 200 mil pesos.
«Agustín Padrés le comentó a Ramón Alberto Valencia que tenía la facilidad de gestionar plazas de docentes y prefectos en la SEC, ya que se ostentaba, según los dichos de las propias víctimas, que era familiar del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías, lo cual le permitía tener un puesto de elevada responsabilidad en esa secretaría por lo que le propone que consiga más personas interesadas en obtener las plazas”, declaró el fiscal Anticorrupción.
Este caso involucra a otros cuatro exfuncionarios públicos identificados como Ramón Alberto Valencia López, Juan Pablo Gastelum Leyva, Gustavo Adolfo Vega reyes y Mario Valenzuela Guerrero; según relató Odracir Espinoza, éstos cobraban has 80 mil pesos por plaza y a cambio les daban un nombramiento apócrifo e incluso Agustín Antonio Padrés, quien tenía el nombramiento de subdirector Adscrito a la Dirección General de Participación Social de la SEC, tomaba protesta a las víctimas.
«Dos de los sospechosos ya fueron detenidos, pero Juan Pablo Gastelum Leyva, Gustavo Adolfo Vega Reyes y el señor Agustín Antonio Padrés, al momento se encuentran prófugos de la justicia, contra quienes existe ya una orden de aprehensión para detenerlos, por eso les pedimos que difundan los nombres para encontrarlos porque son presuntos responsables de la comisión de los siguientes delitos: fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos”, agregó Odracir Espinoza.
En caso de ser encontrados culpables, los sospechosos podrían alcanzar una pena superior a 20 años de prisión, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos, además que por ser exfuncionarios públicos y la gravedad de los delitos, no alcanzarían fianza. (Excélsior)
