Durante este 2016 se han realizado, a nivel nacional, 534 visitas de verificación, de las cuales 91 fueron sujetas a procedimientos administrativos.
Agencias
México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a la Cámara de Diputados que durante este 2016 se han realizado, a nivel nacional, 534 visitas de verificación a casas de empeño, de las cuales 91 fueron sujetas a procedimientos administrativos por infracción a la ley y a la normatividad, y suspendidas 82.
Además de que 221 básculas y balanzas verificadas, se inmovilizaron, cinco por presentar diferencias de peso, en perjuicio del consumidor.
La Profeco dijo que entre los principales incumplimientos detectados en estos negocios se encuentran: no exhibir precios ni montos totales a pagar; no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco; no acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño; ostentar leyendas que inducen error o confusión al proveedor; no utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios, y no indicar el ramo de prendas aceptadas.
Anotó que a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño, se revisa que las prácticas comerciales que llevan a cabo los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, se ajusten a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 en esta materia.
Precisó que el programa comprende acciones que se refuerzan en temporadas de mayor demanda de los servicios; la primera etapa inicia a partir del 8 de enero, por el término de las festividades decembrinas y compras del Día de Reyes, hasta el 29 de enero de 2016, y la segunda a partir del mes de julio, por la temporada vacacional y regreso a clases.
“Se realizan acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan. En caso de que se detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes”, afirmó.
