La falta de avances en las investigaciones sobre la tragedia ocurrida a 72 migrantes asesinados en San Fernando en agosto de 2010 es una muestra más de la negligente respuesta del Gobierno mexicano a la profunda crisis de derechos humanos que vive el país, señaló Amnistía Internacional (AI).
Agencias.
«El Gobierno mexicano tiene la obligación de llevar a cabo investigaciones eficientes y de generar un plan integral de reparación del daño para estas víctimas y sus familias, que han buscado justicia durante más de cinco años», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, tras reunirse el martes con familiares de las víctimas.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados en un rancho de San Fernando.
Desde entonces, señaló AI en un comunicado difundido, las pesquisas realizadas han sido insuficientes y los familiares siguen reclamando que se les garantice su derecho a la verdad.
A ello se suman graves fallos en el proceso de identificación y entrega de restos, lo que ha llevado a los familiares a tener serias dudas y exigir la revisión de sus casos.
En su reunión con AI, las familias señalaron los obstáculos a los que se han enfrentado en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, así como la falta de debida diligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación y la rendición de cuentas a los familiares.
AI lamentó que las familias les informasen de la falta de disponibilidad de las autoridades de la PGR para reunirse con ellas y la nula información recibida respecto de avances en la investigación, pese al largo viaje y el esfuerzo realizado para poder venir a México.
