Diputadas priístas en el Congreso de Estado, presentaron una iniciativa de reformas a diversas legislaciones para crear el padrón de deudores alimentarios y no tendrán oportunidad de empleos en dependencias públicas estatales y municipales.
Las diputadas Ana María Herrera Guevara y Laura Felicitas García Davila, suscribieron una iniciativa la cual contempla que los padres de familia que abandonen a sus hijos e incumplan con su obligación de otorgarles alimentos, podrían ser inscritos en un registro de deudores alimentarios, el cual sería integrado por el Registro Civil.
La iniciativa contempla reformar la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio; a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas; la ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y el Código Municipal para el Estado en materia de deudores alimentarios incumplidos.
El objetivo es crear el Registro de Deudores Alimentarias del Estado de Tamaulipas (REDAT), en el que estarán inscritas las personas físicas y morales que estén sujetos al pago o a realizar el descuento por pensión alimentaria, provisional o definitiva, decretada por un Juez.
La propuesta de las legisladoras priístas plantea se expida un certificado, de manera física o electrónica, en el que establezca el status de cumplido o incumplido de los deudores en cuanto a pensión alimenticia.
Se propone que tal documento sea un requisito indispensable para ingresar a formar parte de los Gobiernos Estatal y municipales, así como del Congreso de Estado y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como a cualquier organismo público descentralizado u organismos autónomos.
En suma los deudores no podrán ser contratados en la administración pública.
“Mediante estas acciones, se busca garantizar el cumplimiento de pago de la pensión alimentaria, a favor del principio superior de la niñez”, indicó la diputada Herrera Guevara.
Por otra parte, se plantea que los deudores alimentarios no podrán obtener concesiones del transporte público y otras que otorga el Gobierno. Además se les negará la renovación de las licencias de los expendios de bebidas alcohólicas.
Las diputadas priístas plantean que el Registro Público de la Propiedad no permita las operaciones de compra-venta de bienes inmuebles de aquellos deudores alimentarios a fin de proteger la pensión alimentaria de los hijos.
