La Cámara Baja, por iniciativa de la mayoría republicana, rechazó en el Tribunal Supremo el plan migratorio del presidente norteamericano.
Agencias.
Washington.- La Cámara Baja de Estados Unidos, por iniciativa de la mayoría republicana, rechazó en el Tribunal Supremo el plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de unos cinco millones de indocumentados.
“No creemos que el Gobierno tenga el poder para poner a estos individuos bajo el estatus de la acción diferida“ del plan, afirmó la abogada Erin E. Murphy en nombre de la Cámara, al exponer sus argumentos en apoyo de los 26 estados, liderados por Texas y la mayoría dirigidos por gobernadores republicanos, que bloquean las medidas migratorias de Obama.
Este inusual paso de la Cámara de Representantes coloca al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país con el argumento de que el presidente “no tiene el poder” para escribir las leyes y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según defendió Murphy.
No obstante, la letrada de la Cámara no representa a todos los legisladores, pues las medidas migratorias han recibido el apoyo de 225 miembros demócratas de ese ente legislativo y el Senado, así como un grupo bipartidista de antiguos legisladores, entre los que destaca el ex senador republicano de Indiana Richard Lugar.
La segunda parte de la audiencia estuvo centrada en examinar si Obama se extralimitó o no al proclamar en noviembre de 2014 unas medidas que frenarían la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a EU y de padres indocumentados con hijos con la ciudadanía estadounidense o con residencia permanente.
En representación de la coalición de estados, el abogado Scott Keller puso de ejemplo a Texas para argumentar que los estados sufrirían graves daños económicos al tener que expedir de forma masiva licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés.
Por el contrario, el Gobierno argumentó que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para desafiar las acciones ejecutivas, porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis y no hechos.
