Esta semana, a partir del lunes 18 hasta el jueves 21, estoy participando como instructor externo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la impartición del curso taller denominado “Evaluación de Políticas Públicas”, a las 90 entidades y 60 municipios del Estado de Tlaxcala, gracias a la invitación del Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala, dependiente de la Cámara de Diputados.
Por ello, ahora me permito hablar en mi columna de este importante tema, que es parte de la agenda pública nacional, al ser hoy día discutidos en el Congreso de la Unión, diversas estructuras contra la corrupción, como es la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, y la apertura de la Ley de Transparencia hacia mayores sectores.
Primeramente, recordamos que la Evaluación permite ver en qué medida se cumplen metas; eficiencia operativa; costo-beneficio programas; adecuación normas operativas y correspondencia entre gasto-objetivos. Establece flujo entre conceptos de guía de la política, variables operativas de los programas, la construcción de indicadores y los índices de cumplimiento, sin que signifique conflicto en las áreas responsables de la administración.
No obstante, siempre existen temores y desconfianzas derivados de regímenes clientelistas; de funcionarios acostumbrados a la opacidad, que ven la evaluación como una amenaza. De ahí que las actitudes ante la evaluación sean contrarias a este ejercicio en amplias esferas gubernamentales (locales y federales). Por ello puede dar lugar a la simulación.
Frente a la exigencia de la opinión pública y más aún de la vigilancia de organismos financieros internacionales, la evaluación puede ser adoptada de mala gana. Pocas son las dependencias y los funcionarios encargados que consideran la evaluación como un instrumento de corrección, desarrollo y crecimiento.
Evaluación cuantitativa basada en técnicas econométricas, enfrenta deficiencias y dogmatismos en aplicación técnica. Las evaluaciones de PP y programas públicos en México, sobre todo los concernientes al desarrollo social, con la excepción del Programa PROSPERA (OPORTUNIDADES), adolecen de calidad técnico-metodológica. Tiene su origen en factores múltiples, entre los cuales destacan los cognoscitivos relativos a la formación y profesionalización de los evaluadores, así como a su independencia y autonomía.
Calidad de evaluaciones se relaciona estrechamente con variables de coordinación de equipos y de integración interdisciplinaria y multidisciplinaria de equipos de trabajo. También influye la independencia real del investigador, la metodología utilizada y la formulación de un juicio valorativo fundado. Estas conclusiones derivan de un esquema que enmarca la meta evaluación en un análisis “FODA» (Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas) de la evaluación de programas sociales.
El problema de la inseguridad que caracteriza a la mayor parte del país es producto de una inadecuada Evaluación y de su Rediseño de Políticas o acciones en materia de seguridad, aunado a una deficiente gestión intergubernamental en materia de seguridad y prevención.
Uno de los elementos centrales de las AP son los procesos de evaluación de sus políticas y de la organización. La idea fundamental de la evaluación es conocer la eficacia y efectividad de la gestión y las políticas implantadas. Esto existe porque a pesar del enfoque de las PP como parte de la gestión local, ha sido muy incipiente la consideración a los procesos de evaluación, monitoreo y seguimiento, en especial en los países latinoamericanos (Ospina, 2000).
La actual administración 2012-2018 inició la visión de fomentar en el Estado mexicano una AP orientada hacia resultados (PbR-SED). Este proceso se institucionaliza jurídicamente en diversas leyes reformadas, obligatorio a desde 2008 a 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Las reformas en evaluación del desempeño en 32 entidades federativas y 2500 municipios, son las adiciones a los art. 116 y 122 de la Constitución, para que Legislaturas de los Estados y de la CDMX (DF), cuenten con Entidades Estatales de Fiscalización (ASE), órganos con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de atribuciones, igual que la ASF.
La Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su Artículo 49, fracción V, establece la obligación de las entidades federativas, municipios y el DF, en ejercer los recursos de aportaciones federales con base en la evaluación del desempeño que marca el Artículo 110 de la Ley LFPRH. Dichos recursos deberán ser evaluados con indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los fondos de aportaciones federales conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en los términos del Artículo 48 de la presente.
El 25 febrero 2008 en DOF, bajo el título de Lineamientos para Informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas; en cuyo contenido se establece que las entidades federativas, sus municipios y demarcaciones territoriales del DF, así como sus administraciones públicas paraestatales, deberán informar de manera trimestral a través del sistema electrónico de la SHCP. Además se reportarán resultados de evaluaciones que se lleven sobre los resultados de la aplicación de los recursos.
En marzo 2009, la SHCP emitió indicadores de desempeño de los fondos de aportaciones federales del Ramo 33 (SHCP, 2009); el cual, dicha disposición establece las bases para el funcionamiento de los indicadores, destacando las responsabilidades, el seguimiento e integración de las fichas técnicas de cada indicador y la capacitación que la SHCP brindará a entidades federativas.
Cabe destacar que dentro de esta disposición se enmarca la propuesta de los indicadores de cada fondo que conforma el Ramo 33 (ver los casos): Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Frente Amplio de Izquierda Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) y, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF).
Como podremos observar en estas líneas que estaré impartiendo en el curso de evaluación de políticas públicas de Tlaxcala, son muchos los temas y los retos para los tres órdenes del gobierno mexicano, los 32 estados y 2550 municipios, para lograr ampliar la transparencia y rendición de cuentas, con tal de satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía que cada día exige mejores resultados de nuestras instituciones públicas…
