Las autoridades incautan pertenencias que casi nunca son devueltas y se han convertido en la fuente de bonanza para las corporaciones policiacas.
Agencias.
CIUDAD DE MÉXICO. El 26 de abril de 2016 fue una fecha memorable. Un Departamento de Policía estadunidense, el del municipio (Condado) de Muskogee (Oklahoma), devolvió los 53 mil dólares que sus agentes habían decomisado en febrero a Eh Mah, un inmigrante que representa a una banda cristiana de rock.
El decomiso ocurrió cuando la policía detuvo a Mah, que transitaba en un coche viejo con una “calavera” rota. La combinación de conductor extranjero, auto viejo y dinero en efectivo es casi como el prototipo de lo que la policía estadunidense considera como sospechoso de transportar droga o sus ganancias.
Las acusaciones sobre la creación de “perfiles” de posibles “culpables”, que frecuentemente son personas que no tienen el lujo de poder esperar meses o años para resolver reclamaciones y son vulnerables a las presiones por agentes de policía y fiscales locales alcanzarían cientos, si no millares, de acuerdo con data del Institute for Justice.
En otras circunstancias Mah habría pasado a engrosar el número de personas que obligadas por la mera “sospecha” de delito ven sus propiedades requisadas o se ven obligados a ceder su dinero a los departamentos de policía que los detienen.
El caso de Mah sin embargo fue reportado por The Washington Post, que hace casi dos años hizo un largo trabajo sobre los problemas de los decomisos “legales”. El que el dinero fuera destinado a un orfanatorio no ayudó a los captores.
Pero si no, ese dinero –o al menos parte de él– habría pasado a enriquecer los cofres de la policía de Muskogee.
Después de todo, Estados Unidos están en guerra contra la droga y contra el terrorismo. Y los sospechosos abundan, según señala un libro convertido en la biblia de muchos agentes policiacos de demarcaciones pequeñas, en especial de condados rurales.
“Todos nuestros pueblos están sentados sobre una mina de oro liberadora de impuestos”, afirma Charles Haines (luego identificado como Ron Haim, en su libro Inroads: A Working Solution to America’s War on Drugs (Incursiones: Una Solución Funcional para la Guerra de Estados Unidos contra las Drogas).
Para Haines/Haim, un agente de policía en un municipio de Kane (Illinois), los decomisos son una fuente de bonanza para los departamentos de policía: la “fundada sospecha” de que una persona transporte o haya transportado droga y lleve consigo las ganancias ilegales desató una fiebre que ha producido cientos de millones de dólares en ganancias para esos poblados.
De hecho, se estima que entre 2001 y 2014 las propiedades confiscadas significaron una inyección de más de 1,600 millones de dólares para los departamentos de policía locales.
El mismo agente Haines/Haim aparece actualmente como el administrador de una base de datos informal de información policial por computadora, de dudosa legalidad, que bajo el nombre de Black Asphalt (asfalto negro), que reporta automóviles e individuos “sospechosos”.
Pero el Institute for Justice (IJ) afirmó que no es precisamente ético el que los departamentos de policía tengan un interés financiero en las requisiciones de propiedades presuntamente mal habidas.
En julio de 2013 Guillermo Espinoza y su novia viajaban hacia Texas cuando fueron detenidos por la policía estatal de Arkansas. Durante el registro del vehículo en que viajaban, en el que un perro policía señaló drogas (que nunca fueron encontradas) los agentes encontraron en cambio 19,984 dólares en efectivo que Espinoza alegó, y luego demostró, eran ganancias legales.
Pero la policía los decomisó y a principios de mes la Corte de Apelaciones de Arkansas mantuvo la legalidad de la requisa, pese a que Espinoza no fue acusado nunca de crimen alguno y los fiscales trataron de descartar el caso.
Con todo un juez disidente, Waymond Brown, señaló que “la sospecha sin sustancia no es justa causa para evadir prácticas judiciales establecidas”, consignó el Institute for Justice.
A fines de 2015, el IJ publicó un reporte que bajo el título Policing for Profit (vigilancia por lucro) acusaba que “cada año, la policía y los fiscales en Estados Unidos toman cientos de millones de dólares en efectivo, automóviles, casas y otras propiedades al margen de la culpabilidad o inocencia de los dueños”.
A nivel federal, precisó, en 1986 el Departamento de Justicia recibió 93.7 millones de dólares por confiscaciones en casos civiles; en 2014 fueron 4,500 millones de dólares. El problema está en que las requisas civiles no requieren del mismo rigor de pruebas que las de causa criminal.
“La requisa civil permite que la policía tome propiedad de gente inocente, jamás acusada o condenada por un crimen, y hace fácil para el gobierno la confiscación y difícil para los propietarios recuperarla”, consignó el IJ.
“Tal como están las cosas, no es necesario ser encontrado culpable para que sus bienes sean reclamados por la policía; en algunos estados la sospecha a la par de una ‘causa probable’ es suficiente”, afirmó la revista The NewYorker.
La razón es simple. No es que sólo se trate de perseguir a los delincuentes, a narcotraficantes o lavadores de dinero. Se trata de subvencionar los gastos de la policía en una época de “vacas flacas”.
Pero ha dado lugar a casos como en el pueblo de Tenaha, municipio de Shelby, Texas, donde la policía municipal, con el aliento de la fiscal de Distrito local, Linda Kaye Russell, llegó al extremo de coaccionar a conductores inocentes a ceder su dinero y sus vehículos o ser sujetos de una acusación que podría llevar a sus hijos a un orfanatorio mientras se aclarasen las cosas.
La misma medida de “extinción de dominio” permitió que posibles narcotraficantes interceptados por la misma policía cedieran su dinero y bienes a cambio de quedar libres.
De acuerdo con una demanda de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), entre 2006 y 2008 la policía de Tenaha hizo decomisos por alrededor de tres millones de dólares.
La propia ACLU hizo notar que uno de los oficiales de policía señalados en su denuncia, Barry Washington, testificó que consideraba la religión y la etnicidad de los conductores de un automóvil, como factores relevantes para establecer una “sospecha razonable” de actividad criminal.
Washington ganaba 30 mil dólares al año que redondeó con “bonos de actuación” que sumaron 40 mil más en tres años.
Los afectados fueron “cientos o incluso miles”, pero Tenaha no fue ni ha sido la única población o el único departamento de policía que trata de beneficiarse de la “mina de oro”.
En otros casos la descripción es aún peor: en 2011 un canal de televisión de Nashville (Tennessee) reportó que una gran parte de las intercepciones de tránsito contra narcotraficantes eran en las líneas de salida de la ciudad, no en las de llegada: era mejor la idea de confiscar el dinero producto de la venta de drogas que detenerlas antes de llegar, señaló un texto en The Huffington Post.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a llamados para que las policías locales fueran más agresivas en la identificación y búsqueda de sospechosos de posible terrorismo, narcotráfico o más.
La necesidad de una mayor vigilancia originó lo que The Washington Post definió como una industria que incluye empresas que “entrenan” a oficiales de policía de pueblos pequeños para interceptar “sospechosos” o “presuntos culpables” cuyos recursos pudieran ser aprovechados.
Pero las compañías pueden ser como la “4:20”, que se precia de profesionalismo, o como Desert Snow, la empresa que ayudó a la creación de la red Black Asphalt, que presuntamente permite identificar sospechosos, pero ha sido señalada como un instrumento ilegal que incluye datos de personas inocentes sobre la base de la “corazonada” de algún agente policial.
Se supone que unos 25 mil agentes de policía, incluso algunos de nivel federal como de la Agencia Antidrogas (DEA), han consultado o usan regularmente esa red, que llegó a estar “alojada” en computadoras de la DEA –pero ya no–, y que ya tampoco es administrada por Desert Snow, sino por Haines/Haim en el municipio de Kane (Illinois).
En todo caso, es otro resultado de la ambivalencia de leyes adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, con la idea de prevenir o combatir sucesos similares, y de lo que el IJ considera como “exceso” que las acompañó.
Hoy, gracias a Haines/Haim y compañía, esas leyes son usadas como herramienta para solventar deficiencias presupuestales y beneficiar a los propios encargados de los decomisos. En algún caso, los “bonos” por requisa han casi duplicado los salarios de los agentes.
De acuerdo con The Washington Post, a través de un “programa de reparto equitativo”, de esos 2.5 mil millones de dólares alrededor de 1.7 mil millones se quedaron en los poblados o estados responsables de los decomisos y unos 800 millones de dólares fueron a las arcas federales.
