La Comisión Permanente del Congreso del Estado, aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, para crear un sistema para reporte y seguimiento de personas desaparecidas.
Se establece que la base de datos que contenga información disponible de las personas desaparecidas, deberá ser actualizada de manera permanente para efectos de colaboración institucional.
A la vez se promueve un procedimiento que permita comunicar a la ciudadanía de manera directa, sobre la privación de la libertad o desaparición de cualquier persona y para lo cual se deberá contar con la autorización de los familiares.
De acuerdo a la modificación de la fracción XXVII del artículo 8º. de la Ley de la Procuraduría, el procedimiento de informar a la ciudadanía sobre la desaparición de una persona se hará cuando se reúnan los criterios para su implementación, y que estos permitan auxiliar a la Procuraduría en la búsqueda, localización y recuperación de la persona privada de su libertad, previa autorización expresa de los familiares para su publicación.
Tal iniciativa de reformas fue presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Por otra parte, la diputación permanente aprobó un dictamen de iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, para que suscriban un convenio de colaboración a fin de elaborar un registro de las víctimas del delito en el campo.
Ante la serie de robos de ganado, maquinaria agrícola, despojo de ranchos y otros delitos considerados como del campo productores víctimas de la inseguridad exigen se compense y repare en lo conducente los daños ocasionados en cuanto a la pérdida de bienes e insumos de actividad productiva, mediante el otorgamiento de apoyos inherentes a los programas del sector rural.
Así también se aprobó un dictamen de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas a fin de que visite las cárceles municipales para verificar si estas instalaciones se encuentran adecuadas a los estándares para el manejo y retención de personas y, en su caso, emita las recomendaciones correspondientes.
