Que ya anda por estos lugares. Dicen que dice que es originario del Estado de México, pero vive en San Luis Potosí.
Los comentarios afirman que quiere ser funcionario en la administración de la alternancia, misma que tiene la intención de barrer con la corrupción. Esto sí en serio, no como las baladronadas de GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ.
Pero resulta que el señor LUIS CARLOS GARCIA ALBARRAN, ex delegado de la SAGARPA en Tamaulipas, está inhabilitado por la Función Pública hasta el 18 de enero del 2020. El castigo fue de diez años.
¿Qué pasó?, al parecer el señor se comió algo en solitario, es decir, no repartió con los superiores y le mandaron el enjambre de auditores que lo hicieron perro del mal.
El cese como funcionario fue boletinado a nivel nacional por la Secretaría el 18 de enero del 2010, luego de desaparecer misteriosamente de la capital de Tamaulipas..
Dicen que ya retornó a la capital y trae toda la fuerza para ser funcionario. El comentarista de plano no lo cree porque eso de los “castigos” es cosa seria en el gobierno de la República, y más cuando se llevó lana de los causantes.
En otro juicio por malos manejos, a él mismo se le multó con la irrisoria suma de tres mil 735 pesos y 80 centavos, lo cual debió haberle causado mucha risa.
Así pues, si Don LUIS CARLOS está fuera de la competencia por ese “pequeño” detalle, el camino libre para la cartera de Desarrollo Rural en el gobierno de la alternancia le queda a ROBERTO SALINAS SALINAS, también ex delegado de Agricultura y viejo militante panista.
Bueno, si es que de la gran metrópoli azteca no mandan un recomendado con nombramiento seguro.
Eso de “castigar” a los delegados corruptos no es nuevo. Los archivos de la dependencia nos dicen que el 26 de enero del 2008, fue multado con 5.7 millones de pesillos el joven JAVIER ANTONIO MOTA VAZQUEZ, entonces delegado del FONAES en la entidad, por el mismo motivo.
Don JAVIER, un estuche de “virtudes”, ahora será regidor en Victoria por el PAN, por la vía plurinominal.
Si usted querido lector, se da una “vueltecita” por la página negra de los ex funcionarios, se dará cuenta que MOTA tiene en su haber dos amonestaciones, una suspensión y una inhabilitación de cuando fue funcionario federal
Los castigos los cumplió en el 2015. Pero como luego dicen por ahí: Perro huevero aunque le quemen el hocico.
Mejor le paramos porque hay otros fuertes suspirantes en la feria del hueso que también dejaron huella negativa durante los sexenios panistas federales, y quieren conseguir chamba en la temporada.
Aparentemente al pueblo se le olvidan los hechos y las caras, pero cuando alguien se pone a investigar, surgen datos.
Nos envían comunicado que va para un año que se dio la descarada venta de calificaciones a estudiantes del Tecnológico de Victoria, y es fecha que la PGR no encuentra culpables. Se volvieron “ojo de hormiga”.
Voceros estudiantiles calculan que la “venta” consistió en alrededor de 700 calificaciones que se pagaban a alguien de la dirección que tenía acceso a los cardex de Servicios Escolares. Engordaron muchas carteras de los amigos del director FIDEL AGUILLON HERNANDEZ.
Bueno, varios padres de familia decidieron recurrir al amparo federal y, temeroso de alcanzar cárcel, AGUILLON los volvió a aceptar.
Otros, los más, siguen sin regresar a Victoria. Se fueron para Matamoros o Reynosa a otros tecnológicos.
El documento nos dice que, en aquellos días de octubre del 2015, el director prometió que en 15 días la Procuraduría tendría resultados en sus indagatorias. Había expulsado a 28, según dijo.
Todo apuntaba, y sigue apuntando, que la alteración de las calificaciones fue orquestada desde la dirección. No fue ningún hackeo y por lo menos el director tenía conocimiento.
Lo malo es que nos dicen que los funcionarios del Tecnológico siguen siendo los mismos. Pudiera ser que nuevamente las calificaciones estén al mejor postor para aquellos alumnos que “andan mal” en sus evaluaciones.
El prestigio del Tec cayó por los suelos. FIDEL venía de un escándalo en el Tecnológico de Altamira.
Hay temas que en apariencia transcurren, pero el respetable sigue pendiente.
Ya se va CARLOS CASTRO MEDINA como responsable del Colegio de Bachilleres en la entidad, y también es tiempo que no encuentra a los culpables de defraudar alrededor de 35 millones de pesillos.
Dícese que el “chivo expiatorio” fue un perra flaca llamado JOSUE ISAAC ELIAS ROBLES, sobre quien pesa una orden de aprehensión, pero se le permitió ir a vivir a los Estados Unidos y jamás se pidió extradición (posible temor a que suelte la lengua).
Es un experto en sistemas de cómputo. Se le acusa la sustracción de 33 millones de pesos. Está inhabilitado y podrá regresar a la ciudad capital hasta el 28 de septiembre del 2024, después de devolver la lana.
El fraude consistía en dar de alta en la nómina a trabajadores inexistentes, algunos cuyos datos fueron tomados de solicitudes de trabajo. Pero ¿los autores intelectuales?.
CASTRO comenzó sus denuncias con mucha calentura. Hizo del conocimiento de la Procuraduría Estatal. Lo pararon en seco desde Palacio del Gobierno.
Por cierto que nadie investigó las denuncias que también ante la Procuraduría se hicieron en contra del yerno de FIDEL VELAZQUEZ por aquella famosa rifa de un auto compacto que le dejó utilidades por tres millones 200 mil pesos.
Les “metieron” dos boletos con valor de cien pesos a cada alumno de los 90 mil alumnos del sistema en los 73 planteles. El auto costó 90 mil del águila. La utilidad fue extraordinaria y nunca se supo de ella.
Vamos a cerrar el tema. Este columnista es muy mal pensado. Los señores aludidos bien pudieron haber recibido el “perdón”, aunque sigan apareciendo en la lista negra.
