Han pasado ya ocho años, pero la sombra del buitre ex alcalde sigue amenazante sobre el erario victorense.
Si el hoy titular del ayuntamiento, OSCAR ALMARAZ SMER, quiere echar abajo el contrato de concesión de los parquímetros de la ciudad, deberá desembolsar una fuerte cantidad de dinero en efectivo contante y sonante, y hasta con intereses.
El señor ALMARAZ puede revocar, rescindir, expropiar, cancelar o emprender cualquier otro medio legal en contra del concesionario, en este caso Victoria Meters, pero es lo mismo. Deberá soltar por lo menos 30 millones de pesos como indemnización.
Si quiere modificar el contrato, podría solicitarlo “de favor” a la empresa. En lo legal no hay para donde hacerse.
Es difícil que se conceda. Un primer favor se le hizo al ex alcalde MIGUEL GONZALEZ SALUM.
¿De qué tamaño fue ese favorcito?, casi nada. Logró que la Meters aumentara del 35 al 40 por ciento el monto de pago de los ingresos brutos, que cada mes se obtienen de los aparatitos que “pasan a cuchillo” a los conductores de vehículos.
¿Se puede pedir otro?, tendría que intentarlo el equipo de ALMARAZ. Además, ya no están los negociadores iniciales de Jalisco.
Veamos el documento que nos acaban de enviar del área de Tesorería.
La concesión fue otorgada por 15 años y entró en vigor el dos de junio del 2008, fecha en que el Congreso del Estado dio el visto bueno (otros parten del 18 de febrero del 2009).
La idea de instalar los aparatos se concretó en mayo del 2007, cuando el cabildo autorizó que se licitara y otorgara una concesión.
El 14 de marzo del 2008 el Comité de Licitaciones le da el visto bueno a la empresa Victoria Meters, que tiene su sede en Jalisco.
Según el documento, participaron cuatro interesados: Proyectos Calli,
Estacionamientos Mundiales de México, Country Park y Metro Meters.
Las dos últimas ganaron (se sospecha que son del mismo dueño) y decidieron fusionarse para crear lo que ahora se llama Victoria Meters, el tres de febrero del 2009 ante notario público en Tlaquepaque, Jalisco.
El inciso “b” de la Cláusula Décimo Primera del contrato dice que, para llevar a cabo alguna de las modalidades señaladas del retiro del contrato, se deberá indemnizar al concesionario “con una cantidad igual o equivalente” al promedio de ingresos percibidos durante los últimos 24 meses.
Ese promedio tendrá que multiplicarse por 60 meses, que vienen siendo cinco años.
Los dueños del negocio nunca van a perder. Para ellos han sido ingresos leoninos, el negocio más redituable del mundo. Hace ver el contrato que invirtieron en capital dos millones 130 mil pesos.
De acuerdo con datos derivados de un usuario del Derecho a la Información, al 2015 cada mes se obtuvieron un promedio de 500 mil pesos mensuales en bruto, más las infracciones que también son millonarias.
Con esta referencia, con datos del 2014, la Victoria Meters habría ingresado anualmente la cifra de 3.6 millones, mientras el municipio se quedó con 2.4 millones.
Pero la indemnización para el particular habla de ingresos (totales) y no del “reparto”. El ayuntamiento tendría que pagarle mínimo 30 millones.
De todo habla el contrato. Si la alcaldía rescinde antes de los primeros dos años, el promedio de ingresos será calculado sobre 90 días, para multiplicarse por 40.
Luego entonces la indemnización –si nos vamos con los 500 mil por mes- sería de 20 millones.
Da la casualidad que el compromiso ya va muy adelantado y por tanto, si ALMARAZ quiere echarlo abajo, tendrá que recibir autorización de su cabildo para pagar.
Otra previsión del representante legal de la VM (que autorizó El Buitre y su equipo) dice que, si apenas logran operar por 90 días, o no “trabajaron” –no comenzaron a cobrar a los automovilistas-, la indemnización alcanzaría solo la inversión del empresario, o sea dos millones 130 mil del águila.
Como decíamos al principio el convenio reitera que, en eso de las indemnizaciones no hay vuelta de hoja. No valen los pleitos ante tribunales y ni siquiera el derecho de pataleo. Ni para donde se mueva el actual ayuntamiento. No tiene que buscarle.
-Estas penas convencionales tendrán la fuerza de sentencia ejecutoria con los efectos consiguientes de cosa juzgada acorde a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
Si el equipo de ALMARAZ o los regidores quieren tratar el tema, lo primero que deben hacer es llenar su morral.
Cuando GONZALEZ SALUM fue alcalde, el nueve de junio del 2011 firmó addendum con la empresa para introducir modificaciones. La más importante fue, aumentar a 40 por ciento la participación al municipio.
Todo se hizo de conformidad con el representante legal.
Ahí se quitó la obligatoriedad de entregar al concesionario, cada año, el padrón vehicular total de las unidades que circulan en la capital ¿para qué lo quería la Meters?.
Además, que se otorgara un cinco por ciento de los cajones para uso de discapacitados ¿se está haciendo efectivo?.
Convinieron otorgar un 75 por ciento de descuento en el pago de las infracciones, cubiertas inmediatamente.
El documento, con el alcalde ARTURO DIEZ GUTIERREZ a la cabeza, se firmó el 18 de febrero del 2009.
Ahora vamos con los partidos políticos. A partir del 2017 tendrán la obligación de reportar, bien desmenuzados, los bienes muebles e inmuebles de que dispongan.
Tendrán que presentar escrituras con la inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio o su equivalente, el control de inventario, los registros contables y estar al corriente de sus contribuciones.
Para que se vayan preparando los gerentes de esas concesiones que operan en Tamaulipas. Con el INE no se juega y ya lo vieron con la fiscalización de los gastos de campaña. Todavía están atorados.
