– Pulpos del transporte se quedaron con las ganas
– Siguen en la mira los saqueadores del erario
– Castigo a responsables y no solo arma política
EL PLAN de austeridad presentado por el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, que contempla 11 acciones para reducir el gasto público y siete compromisos en beneficio de la economía de las familias tamaulipecas, deja en claro un par de temas.
En efecto, el mandatario estatal fue preciso al afirmar que no habrá incremento a la tarifas del transporte colectivo urbano y que continuarán las auditorías para castigar a los responsables del brutal saqueo del erario en el pasado sexenio.
Las medidas implementadas para enfrentar los recortes presupuestales derivados de la crisis económica mundial y nacional permitirán un ahorro de 680 millones de pesos anuales, tan solo en el rubro del gasto corriente.
Respecto a la decisión de negar a los concesionarios del transporte urbano el aumento en el costo del pasaje, lógicamente, mantiene inconformes a quienes desde hace años se dedican a esa lucrativa actividad.
Los pulpos del transporte afiliados al Frente Único de Trabajadores de Autos de Alquiler, Microbuses y Conexos (FUTAAMYC) daban por hecho que el gobierno del estado les autorizaría incrementar de nueve a once pesos la tarifa por ese necesario servicio.
Acostumbrados a presionar con la suspensión del servicio, los concesionarios confiaban en que el gobernador GARCIA CABEZA DE VACA se doblegaría ante su pretensión.
El plan estatal de austeridad frenó su deseo de aprovechar la coyuntura del aumento al precio de la gasolina para lucrar con la necesidad de los miles de usuarios que diariamente requieren del transporte público para trasladarse hacia y desde sus centros de trabajo.
No obstante, sin regulación alguna, los propietarios de los llamados “taxis piratas” aumentaron el costo del servicio de 10 a 15 pesos.
Pero, sin duda, el anuncio del Jefe del Ejecutivo Estatal en el sentido de que continuarán las auditorías para detectar la malversación de fondos de corruptos servidores públicos del sexenio anterior mantiene preocupados a más de uno que se despacharon con la “cuchara grande”.
Aunque, eso sí, el imaginario colectivo espera que con la misma firmeza y seguridad se ventilen públicamente los resultados y, por supuesto, se castigue a los saqueadores de las arcas públicas.
Es un reclamo generalizado de los tamaulipecos que la fiscalización realmente cumpla su cometido y que no se utilice únicamente como arma política.
Cuestión de analizar el gasto desmedido que el gobierno de EGIDIO TORRE CANTU invirtió en el rubro de comunicación social. Tan solo la empresa Multimedios cobró alrededor de 100 millones de pesos anuales, según datos oficiales del Instituto Estatal de Transparencia.
Del mismo modo, en Matamoros, por ejemplo, el alcalde JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, prácticamente ha hecho malabares para regularizar los elementales servicios urbanos, como consecuencia del saqueo despiadado que se realizó durante el trienio de la primera alcaldesa, LETICIA SALAZAR VAZQUEZ. El robo descarado también se registró en la Junta de Aguas y Drenaje.
Las irregularidades están debidamente documentadas y tan solo falta la voluntad política -que tarde o temprano llegará- para castigar a los responsables.
Y hasta la próxima.
