En la cuenta pública 2015 del ayuntamiento de Tula, viene una factura por concepto de compra de cerveza por la suma de 137 mil pesos. Corresponde a fecha de diciembre.
Usted se preguntará ¿el entonces alcalde emborrachó a todo el pueblo?, la ciudad tiene alrededor de diez mil habitantes y en el municipio no son más de 30 mil entre chicos y grandes.
A los precios de aquella fecha bien podrían pagarse alrededor de 700 cartones y quien sabe cuántas botanas ¿realmente se compraron?.
La respuesta parece estar en que el entonces candidato a la alcaldía y hoy casi perseguido por la justicia, JUAN ANDRES DIAZ CRUZ, recibió financiamiento de la cervecería para hacer su campaña con la promesa de pagar después de arribar al poder.
Es chamba directa para el flamante Auditor JORGE ESPINO ASCANIO.
Las cerveceras, con tal de asegurar su mercado en determinados municipios, se han convertido en patrocinadoras de candidatos. La mayor parte de las veces les había ido bien. Esta vez perdieron. Le apostaban a los priístas.
Aunque no está prohibido “meter” a la Auditoría Superior del Congreso facturas por vicio, como alcohol y tabaco, se nos hace que no es moral ¿por qué no prohibirlo?, ¿por qué no lo reglamentan los diputados?, digamos en el Código Municipal, la Ley Fiscal o en algún decreto en especial.
A reserva de que le demos una revisada más a fondo, no deben ser las únicas facturas por vicio que pagó el alcalde. Si los auditores analizan bien, las encontrarán.
No solo los envenenadores pagan campañas. También negocios de venta de llantas y refacciones. Tradicionalmente en el centro del estado ofrecen dinero a los candidatos con tal de que les de la proveeduría exclusiva, con intereses y “algo más”.
Es decir, el “pase de charola” ya no solo es para con los constructores, tradicionalmente obligados a “mocharse” con los candidatos con la promesa de darles contratos de obra. La fuentes de ingresos para el proselitismo se ha diversificado.
Tenemos los datos específicos, pero creemos que no vale la pena publicarlos en estas líneas. Si la Auditoría Superior va a turnar el expediente a la Procuraduría, será analizado para fincar responsabilidades.
El compromiso del presidente de la Comisión de Auditoría, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, es que el asunto de peculado del ex alcalde DIAZ CRUZ será consignado con los elementos que encontraron los fiscalizadores.
Hay mucha tela de donde cortar. Los municipios “chicos” y algunos “grandes” son considerados auténticos botines para el equipo que gana. Se reparten libremente el pastel.
Hace falta, ya, que la autoridad fije un precedente. El primero ciertamente puede ser DIAZ CRUZ, su hermano CARMELO y varios miembros de la familia, el síndico REMIGIO RODRIGUEZ SANCHEZ, el tesorero RIGOBERTO GARCIA VAZQUEZ y hasta los jefes de obras públicas por aquello de obras “fantasmas” que se pagaron, pero no existen.
Por ahora le agarramos la palabra al jefe de la Auditoría, a Don JOAQUÍN. Pero necesita ir al fondo de las cosas, agarrar “parejo”.
Hay otros cheques que salieron a favor de la Caja Popular Tula, un grupo de usureros que han sentado sus reales en la región ¿por qué concepto?, volvemos a lo mismo, nos dan la idea que el presidente (hoy investigado) pidió prestado fuera de toda legalidad para saldar pagos, o bien, como decíamos, regresa dinero aportado a la campaña.
La experiencia de otros casos nos dice que el largo brazo de la Ley no alcanzará a los verdaderos responsables. Sucedió en El Mante cuando el alcalde FERNANDO PEDRAZA CHAVERRI, emanado del PAN, quien utilizó la Tesorería como la caja chica propia y de su familia.
Cuando llegó la investigación, PEDROZA y su cabildo echaron la responsabilidad al tesorero JOSE LUIS CHAVEZ. Trató de liberar a su esposa y a sus cuñados.
Es lo que podría suceder en Tula. El tesorero era GARCIA VAZQUEZ –ex alcalde por cierto-, en tanto que el que giraba órdenes era CARMELO, hermano del presidente y ministro sin cartera.
Igual que en Mante, el pariente incómodo no firmó documentos. La poderosa autorizada era del jefe de finanzas.
Si La Quinita le escarba bien, deberá fincar cargos en otros dos personajes que hicieron historia en el trienio de los pillos. Se trata de LUIS CRUZ y FELIPE BANDA, los prestanombres para surtir materiales y realizar obras. Digamos que los FERNANDO CANO del tomasismo a nivel Tula.
Crearon empresas para repartirse el botín. Es más, hay la sospecha que varias de ellas son “fantasmas” o solo existieron en el trienio.
Aunado está el asunto de otro individuo que supuestamente busca la Contraloría del Estado, para cobrarle alrededor de 160 mil pesos. Se llama FELIPE SALINAS VILLASANA, otro proveedor de grandes cantidades de la administración de JUAN ANDRES.
En la cuenta pública viene el desglosado de cheques a su favor, cuando la Contraloría de EGIDIO –el caso debe seguir vivo- nunca lo encontró para notificarle que tiene que devolver la lana que se llevó cuando fue Oficial del Registro Civil.
El nuevo Auditor, JORGE ESPINO ASCANIO, tiene madera de donde cortar para demostrarle a sus detractores que, aunque sea ingeniero mecánico, sabe hacer las cosas.
De paso hay que decirle al señor que necesita abundar en esas facturas de las cervecerías y los cheques por 300 mil para llanteras y refaccionarias, cuando el ayuntamiento tulteco– por ejemplo-, solo es propietario de diez vehículos, incluyendo el camión de limpieza.
Vaya espectáculo que ha resultado el Carnaval de Victoria. El alcalde OSCAR ALMARAZ SMER supo conjuntar el esfuerzo de los comerciantes e industriales de la ciudad, para ofrecer algo nunca antes visto. Los eventos prácticamente no han tenido costo para las finanzas municipales.
Calculando que al final tendrá hasta 150 mil espectadores, el Carnaval ha sido todo un éxito. No lo habían visualizado otros presidentes municipales, que lo cancelaron en los últimos seis años.
