Familiares de desaparecidos en Tamaulipas exigen dar marcha atrás a la legislación aprobada en el Congreso.
Por Arnoldo García
Madres y familiares de desaparecidos, realizaron una manifestación para protestar contra la expedición de la Ley Estatal de Atención a Víctimas del Delito y en demanda de la búsqueda de sus hijos, esposos, hermanos.
Guillermo Gutiérrez Riestra, coordinador del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, sostuvo que se emitió una legislación amañada y conveniencia en la cual las autoridades evaden su responsabilidad y no ofrecen soluciones concretas.
Insistió en que los familiares de las víctimas fueron dejadas fuera del Consejo Consultivo de Atención a Víctimas, y este queda conformado exclusivamente por funcionarios de diversas dependencias gubernamentales.
Más de 300 personas se manifestaron en demanda de efectividad en la búsqueda y localización de los cinco mil 756 desaparecidos que hay en Tamaulipas.
Mirna Rodríguez, madre de familia del municipio de San Fernando, aseguró que muchos cuerpos de personas no identificadas han sido arrojados a fosas comunes, sin tomar las pruebas de ADN correspondientes.
Insistió en que se les ha pedido a las autoridades se abran las fosas comunes en donde se encuentran los cuerpos de personas no identificadas, pero las autoridades se niegan hacerlo.
Las madres de Armando Alonso Aldair, Aldo Oliver Guerra Moreno, Hernán Hernández Torres, Juan Daniel Soria Ramírez, Pedro y Mauricio Medellín García, llevando fotos de sus hijos colgadas en el pecho y de otros tantos más ingresaron al Palacio de Gobierno reclamando atención, pues han transcurrido dos, tres, cinco años y hasta ahora no conocen el resultado de las investigaciones.
Una comisión de madres y familiares de las víctimas se entrevistó con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, para exigir se dé marcha atrás a tal legislación y se escuche a las personas agraviadas.
Trascendió que el próximo mes vendrá a Tamaulipas Jaime Rochín del Rincón, comisionado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas del Delito.
