Casi 8 mil denuncias 
por cobranza indebida

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Agencias

México.- De enero a abril de 2017, las reclamaciones por malas prácticas de cobranza sumaron siete mil 960, señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El organismo recordó que el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), además de ser un registro de los despachos con los que las instituciones financieras trabajan para el cobro de su cartera, permite presentar una queja ante las malas prácticas de cobro, las cuales están clasificadas en 21 causas de reclamación.
La causa más reclamada de enero a abril fue “Gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente y/o socio deudor” con 23.7%, seguida de “No se dirigió de manera educada y respetuosa” con 14.6%, y por “Amenaza, ofensa o intimidación” con 12 por ciento.
Refirió que está pendiente la publicación de las reformas al Código Penal, en donde se pretende sancionar de uno a cuatro años de prisión e interponer multas de 50 mil a 300 mil pesos la cobranza extrajudicial.
La Comisión ha detectado en el Redeco que si estas disposiciones hubiesen entrado en vigor a principios de año, ya habría cinco mil 477 prácticas indebidas de cobranza tipificadas como delito.
Los despachos que más han recibido quejas son Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada, Muñoz C. y Asociados; Servicios Técnicos de Cobranza; Recuperación Crediticia de México y Grupo de Abogados ASG, principalmente. 
Pudieron ser delito
 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), precisó que de las siete mil 960 reclamaciones registradas en el Redeco durante este año se derivan 22 mil 344 prácticas indebidas de cobranza, de las cuales cinco mil 477 correspondieron a causas tipificadas como un delito.
Estas son gestión de cobranza con maltrato y ofensas; utilizar nombre o denominación que se asemeja a una institución pública, y enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad, amenazar, ofender o intimidar al deudor.