Por Arnoldo García
El Congreso del Estado aprobó amonestar públicamente a la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, por incurrir en diversas irregularidades administrativas a la vez que obliga a tres personas reintegrar los sueldos que percibieron durante varios meses, debido a que incurrían en usurpación de funciones.
A la alcaldesa se le fincan responsabilidades por irregularidades en la designación de funcionarios de la administración pública municipal, al no cumplir con los requisitos de ley, no respetar acuerdos de Cabildo e incurrir en violaciones al Código Municipal
El dictamen contempla que Mario Alberto Cantú Gutiérrez, Zulema del Carmen González Béaz y Carlos Ruvalcaba Dimas, Lázara Nelly González Aguilar, quienes fungieron indebidamente como secretaria de Desarrollo Social, secretario de Desarrollo Económico; secretario de Servicios Administrativos y director de Tránsito, respectivamente, deberán reintegrar los sueldos cobrados durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, pues fueron nombrados para dichos cargos de manera irregular .
El diputado Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que no hay intención alguna de desaparecer los poderes municipales en Reynosa y comentó que en medio de dificultades el Ayuntamiento de Reynosa viene cumpliendo con sus responsabilidades.
Las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales emitieron el dictamen el cual fue aprobado por 17 votos a favor, 13 abstenciones.
Los diputados Jesús María Moreno Ibarra, Teresa Aguilar Gutiérrez y Rafael González Benavides, presidentes de las respectivas Comisiones, se reservaron de emitir su voto a efecto de no influir.
La fracción del PRI así como los legisladores antes mencionados, se abstuvieron de votar el dictamen.
Por primera vez un alcalde es amonestado públicamente por el Congreso del Estado. En el dictamen del cual se da vista a regidores, síndicos del Ayuntamiento se advierte que en caso de reincidir se impondrán sanciones más severas.
Igual vista se dio al agente del Ministerio Público para que investigue si dentro de los hechos denunciados se encuadran conductas delictivas, y de ser así proceder en consecuencia.
“No es nada personal. Maki es mi amiga. Lo que buscamos es solamente cumplir con la ley y que a los demás alcaldes les quede claro que deben ajustar su desempeño a lo que señala el marco legal”, dijo el diputado García González.
