La AMDA -que son los distribuidores de automóviles mexicanos-, los ha denunciado muchas veces. Quieren su desaparición. Aseguran que son fraudulentos.
Sin embargo la versión afirma que organizaciones como UCD y ONAPPAFA gozan de la protección del “sistema”. Nadie las ha tocado a pesar de que significan auténticos desplumaderos para las clases populares.
Tienen años “pizcachando” en la ilegalidad; no pagan impuestos y por tanto no se sabe el destino de millones de pesos que “recaudan”, entre propietarios de autos “chocolates” que creen en ellos.
A la ciudad capital arribaron allá por 1994 con el mismo cuento: Cobrar por “enlistar” vehículos para una posible regularización (eran 400 mil pesos de los de antes).
Nunca han conseguido una nacionalización, que no sean los programas ordinarios de internamiento definitivo de Lolita.
La cuota hoy anda por los tres mil pesos y, con la demanda del mercado, puede subir en cualquier momento. En la frontera los “líderes” cobran más que en el centro de la entidad.
Navegan con el cuento de que son asociaciones civiles ( AC). Le dimos una “vueltecita” a los registros y vemos que son organizaciones fantasmas, que no le rinden cuentas a nadie. Lo extraño es que Hacienda no interviene.
De la UCD, el entonces presidente local, JAIME GAUNA CERVANTES, registró una AC con fecha dos de mayo del 2015. La llamó Unión Campesina Democrática al Servicio del Desarrollo con sede en Ciudad Victoria.
Entre los fines de la organización apuntó: Apoyo para el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y fauna, la preservación y restauración del equilibro económico.
Como vemos, nada de cobrar por “proteger” autos ilegales en el país.
Hasta registró en Hacienda, que le dio su RFC: UCD1505021P8.
El primer representante de la UCD en Victoria lo fue el profesor JAVIER CAZARES PERALES, el pintor. Era regidor.
Se retiró en unos cuantos días porque dijo “no hubo cuentas claras de la organización”. Le siguieron ELISEO PEREZ REYES y ELSA ROCHA CAZARES. El presunto líder nacional era el mismo, ANTONIO TIRADO PATIÑO.
De la otra, la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), parece que es totalmente orejana.
Solo hay una que se registró el 20 de julio del 2006 en Gómez Palacio Durango, con una vigencia hasta el año 2,999. Presuntamente había iniciado operaciones en 1993.
Para que hayan durado tanto con las fabulosas ganancias, lo más posible es que en efecto están al servicio del “sistema”. Pudieron superar los 12 años panistas ¿pagando las mismas cuotas?, no hay otra explicación.
De acuerdo con declaraciones de los “líderes” de esos grupos, en Tamaulipas circulan alrededor de 75 mil “chocolates”, casi todos afiliados mediante una paga.
Si se calcula un promedio de dos mil pesos por unidad (norte, centro y sur del Estado), el saldo arroja millones que deben estar por ahí bajo los colchones ¿acaso en cuentas bancarias?, sería lavado de dinero.
Nunca se ha sabido que alguien de las dos organizaciones haya pisado el botellón, ya no por fraude sino por delito fiscal. Se ve tolerancia y apapacho.
Los mismos jefes de UCD y ONAPPAFA alientan la entrada de autos ilegales. Afirman que gozan de protección en las entidades de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí donde pueden circular libremente.
En parte por esa razón –aunado a los altos cobros por la nacionalización-, y ante la imparable corrupción de las aduanas, siguen entrando diariamente miles de ilegales al país por las fronteras de Tamaulipas.
Quienes son independientes y en lo particular cruzan un vehículo, tienen la “facilidad” de que en la misma frontera, a un lado de los tianguis, pueden comprar las placas fraudulentas.
Más tarde se darán cuenta que para nada sirvieron los dos mil 500 o tres mil pesos. De todas maneras tienen que caerse con 500 chuchos para el federal, en todos los puntos en que los encuentren.
Los “coyotes” le entienden mejor. Pasan las unidades con placas americanas. Se ahorran el desplume de quienes prometen la regularización.
Ahora nos damos cuenta por qué se andan peleando los “líderes” de los grupos (hasta con demandas penales por fraude). Es mucha la lana servida en charola de plata y libre de impuestos.
Ente ambas se hacen competencia. Mantienen sucursales por varias partes de la capital y en la frontera y municipios rurales. Lo que nunca se ha descubierto, es cuanto pagan los concesionarios por la franquicia.
Si el gobierno de los vientos del cambio –con un acuerdo con la Federación- ya está en el baile de controlar los desplumaderos, ahí tiene la oportunidad de echarse ese trompo a la uña.
A nivel país se habla que circulan cinco millones de vehículos ilegales. La mayor parte también “enlistados” con una cuota anual superior a los dos mil pesillos, lo que nos da una idea de la cantidad de recursos clandestinos que se reparten entre los dueños del negocio.
Total que, formar y regentear una organización de este tipo, gozando de la protección de las autoridades federales y estatales, deja las más altas utilidades del mundo. Se gana más que en el comercio y la industria. Fuera de la SEDESOL – si es que tiene papeles como OSC- no hay que mandar papeles a nadie, y menos a Hacienda.
Si cambiamos de tema, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, arrancó el programa de Mejoramiento Genético 2017 con una actividad en El Mante. Ofertaron 120 sementales bovinos de alta calidad. El secretario, GONZALO ALEMAN MIGLIOLO, dijo que aportando el 60 por cinto del valor de los animales, disponen de un presupuesto de 26 millones de pesos, algo inédito en el sector en Tamaulipas.
P.D.- Causó indignación en la sociedad civil tamaulipeca el homicidio de la activista MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, la noche del diez de mayo, en San Fernando. Cientos de grupos elaboraban un manifiesto de protesta, dirigido a las autoridades federales y estatales.
