La agrupación Justicia Tamaulipas, A.C. exigió cesar a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios.
Por Arnoldo García
Miembros de la agrupación Justicia Tamaulipas, A.C. demandaron el cese de Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios y Lorena Garrido, directora del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, por no haber brindado la debida protección a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.
A la vez se exige se investigue hasta sus últimas consecuencias el homicidio de Miriam Rodríguez, registrado la noche del pasado miércoles, en San Fernando.
Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, sostuvo que Gloria Garza y Lorena Garrido son responsables, pues a ellas personalmente Miriam Elizabeth advirtió que su vida corría peligro, tras la fuga de los reos del CEDES de Victoria, entre los cuales se encontraban los secuestradores y homicidas de su hija Karen Alejandra Salinas.
Insistió en que pese a la solicitud presentada por escrito por parte de Rodríguez Martínez, ésta nunca fue atendida, dejando que su vida corriera riesgo.
Por ello se insiste en exigir la destitución de ambas funcionarias de la administración estatal.
Respecto a las investigaciones sobre el asesinato de Rodríguez Martínez, sostuvo que éstas deben ir a fondo y sin manipulaciones hasta su esclarecimiento y detención de los homicidas.
Justicia Tamaulipas ha solicitado al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se brinde protección a los activistas defensores de los derechos humanos Néstor Troncoso Troncoso, Guillermo Gutiérrez Riestra, Josefina de León, Gabriela Pérez, Lorena Perales y Norma Cedillo, quienes por su lucha en defensa de los derechos humanos y por los desaparecidos, han sido amenazados por grupos delictivos.
Por su parte, Giovanni Barrios Moreno de Justicia Tamaulipas, dijo que es grave la situación que está viviendo Tamaulipas, es peligroso no tener funcionarios con sensibilidad que atiendan los llamados de las víctimas.
“El derecho a la protección a las víctimas es un derecho, el cual no ha sido reconocido en Tamaulipas, y no se aplica”, dijo.
