Delincuencia organizada…

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En el video aparecen dos protagonistas, el presidente del Congreso y un Alcalde, el problema a resolver demasiado grave, observaciones a la cuenta pública del municipio gobernado por el ahí presente, un monto del orden de 40 millones de pesos que no se justificaban, estaban mal respaldados, que no se encontraban o de plano no querían encontrarlos.
¿El Diputado presidente del Congreso le pedía documentos?, ¿le asesoraba para que contratará un despacho auditor o contable que le pudiera corregir los errores o encontrar quien se había clavado la lana?, no, realmente no, en el video se escucha que encontraron una forma más sencilla para definir si la cuenta estaba “sucia o limpia” y no era otra que dinero, darle un moche equivalente al 10 por ciento de lo observado a los Diputados locales que forman parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior y así pasarían las cuentas sin el mayor problema, es decir, en ese caso le pedían cuatro millones de pesos.
Hasta eso que el reparto sería muy plural, en la Comisión citada hay Diputados del PRI, PAN, Verde Ecologista y uno del PRD.
Hoy se sabe que el video lo difundió el alcalde que estaba sentado con el Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que se pretendió hacer pública toda una red de corrupción y saqueo ya que la misma vara era aplicada para el resto de los municipios.
Así es, en buen cristiano significa que los alcaldes tenían la oportunidad de robar, de hacer las obras como les diera la gana, de gobernar y manejar el presupuesto como Dios mejor negocio les pareciera, de contratar a familiares y amigos para tales efectos y nada, absolutamente nada pasaría, bastaría con ir horrando el 10 por ciento de lo que se robarán para luego dárselo a los Diputados y ya.
¿Cuántas veces se aplicó esta fórmula?, seguro que no se sabrá nunca porque habrá alcaldes que se quedarán callados ya que son amigos de los Diputados, otros porque están “hasta el chongo de piojos” y saben que de revisarse realmente sus cuentas públicas su futuro inmediato estaría en una cárcel, acusados de robarse el dinero del pueblo, por eso nunca se conocerá el daño real.
La información procede de un medio de San Luis Potosí, la replicó la Revista Proceso y es en esa Entidad donde se acusa al presidente del Congreso, y a Diputados de casi todas las fracciones políticas, de operar como verdadera delincuencia organizada permitiendo que los alcaldes se roben el dinero del pueblo y ellos, como capos de todos los capos, nomás extorsionando a los primeros ladrones.
Acertó, el hecho nos lleva a pensar que es tiempo de que la sociedad trabaje más, haga las veces de un auditor y descubra cualquier cosa que pueda implicar el saqueo de su dinero o que se invierta de manera inadecuada para favorecer a los amigos de los gobernantes, sobre todo en los municipios.
Es un hecho que los políticos tienen que cambiar y eso va a ocurrir solo si el ciudadano trabaja, si está constantemente observando a todos los funcionarios públicos y los apoya en los momentos difíciles, los exhibe cuando no hagan bien las cosas, que los respalde en las urnas cuando vea que trabajan honestamente y en beneficio del pueblo.
La situación también nos lleva, otra vez, a preguntarnos de que sirven las legislaturas locales, para que está un Diputado si difícilmente se le encuentra trabajando en forma adecuada para favorecer al pueblo ya que casi siempre forman parte de una delincuencia que nos saquea hasta saciarse.
En otras cosas… El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca realizó en el sur del Estado, en el marco del eje denominado Seguridad Ciudadana del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la tercera Mesa Regional para que las y los ciudadanos, reglamenten la Ley de Atención a Víctimas en el Estado.
Uno de los objetivos del eje Seguridad Ciudadana se refiere precisamente a “Atender integralmente a las víctimas de las distintas formas de violencia” y eso es en lo que se trabaja.
Dentro de las líneas de acción se contempla instrumentar la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violación a los derechos humanos.
Los asistentes a las Mesas Regionales, también opinan sobren la puesta en marcha del Sistema Estatal de Atención a Víctimas para coordinar los servicios de asistencia médica, psicológica, legal y social a las víctimas.
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