Agencias
México.- El Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, confirmó esta mañana que el Ministerio Público le envió ayer en la tarde la solicitud formal del gobierno de México para la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con lo que empezó a correr un plazo mínimo 10 días hábiles y máximo de 15 para continuar con el trámite sobre el envío o no del político a que enfrenta a la justicia federal de su país.
El guatemalteco Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del Tribunal, informó esta mañana a EL UNIVERSAL que “por la tarde” del martes fue presentada la “formal acusación” que el gobierno de México entregó el pasado 7 de junio al de Guatemala. La documentación mexicana fue remitida ese mismo por la cancillería guatemalteca al Ministerio Público, que ayer la entregó al Tribunal.
A consultas de este diario, Lemus confirmó el martes en la mañana, todavía sin recibir el expediente mexicano, que a partir del momento en que el Ministerio se lo entregue, el Tribunal tendrá un mínimo de 10 días hábiles y un máximo de 15 para llamar a audiencia a las partes—Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General (Ministerio Público) y Duarte con su defensa—y efectuarla dentro de esos plazos. En la convocatoria a la defensa, el Tribunal adjuntará copia de los documentos que presentó México, relató.
El Tribunal, especializado en extradiciones, tramita el caso contra Duarte que inicialmente fue por los supuestos delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido en su gestión como gobernador, de 2010 a 2016.
Si el ex gobernador se allana en la próxima audiencia, que será en fecha por definir, todo puede resolverse en unos 10 días posteriores a esa cita, recordó Lemus.
En la comparecencia habrá un debate en torno a las pruebas aportadas por México y cada parte expondrá sus respectivos alegatos, dijo el secretario. Luego el Tribunal, ´presido por el abogado guatemalteco César García, se retirará a deliberar pruebas y argumentos y ese mismo decidirá si se aprueba o rechaza la extradición. La defensa puede apelar, en un plazo de tres días, lo que pasará el caso a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente.
