– Con $9 millones pretenden esclarecer asesinatos
– La PGR no ofrece recompensa por todos los casos
– Se entrampan criterios de la PGR, CNDH y periodistas
POR alguna razón hasta el momento no aclarada, la Procuraduría General de la República ofrece un millón y medio de pesos a quien proporcione información que permita identificar y detener a los homicidas de solamente cinco periodistas y a los autores de un fallido atentado.
Lo extraño estriba en que la misma oferta no sea extensiva para permitir el esclarecimiento de los hechos y detención de los responsables de otros tres asesinatos de comunicadores.
La PGR destinó nueve millones de pesos para obtener información que permita acelerar la indagatoria en los homicidios de IGNACIO MIRANDA MUÑOZ en el estado de Jalisco, en 2016; CECILIO PINEDA BRITO en Guerrero, el 2 de marzo; MIROSLAVA BREACH en Chihuahua, el 23 de marzo; y MAXIMINO PALACIOS RODRIGUEZ en Baja California Sur, el 14 de abril.
Asimismo, la autoridad federal ofrece recompensa por informes sobre la agresión que le costó la vida a JAVIER VALDEZ CARDENAS en Sinaloa, el 15 de mayo; y en el fallido atentado para asesinar a la editora SONIA CORDOVA OCEGUEDA en Jalisco, el 15 de mayo, hechos en donde falleció su hijo que la acompañaba.
Cabe señalar que todos los casos antes mencionados son investigados por la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Por alguna razón no se agregan en la lista de asesinatos sobre los que la PGR ofrece recompensa por información los referentes a la muerte a balazos de RICARDO MONLUI CABRERA, en Veracruz; CARLOS ALBERTO GARCIA MARTINEZ, en Colima; y FILIBERTO ALVAREZ LANDEROS, en Morelos.
Hipotéticamente, la línea de investigación no arroja indicios de que los asesinatos hayan derivado de la actividad periodística.
Justamente ahí es donde se entrampan las posturas de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el criterio del gremio periodístico.
La agenda de una organización gremial pretende que se federalicen todos los delitos cometidos en contra de periodistas. Sin embargo, las instancias federales consideran que cada caso debe investigarse para definir si la agresión realmente atenta contra la libre expresión u obedece a un motivo distinto, como también puede suceder.
Cierto es que no deben ser revictimizados quienes son asesinados en el ejercicio de la actividad periodística, pero también es muy cierto que en muchos casos las ejecuciones nada tienen que ver con la profesión. En consecuencia, tienen razón la PGR y la CNDH cuando argumentan que no se deben federalizar todas las agresiones a periodistas, salvo, lógicamente, en los casos que efectivamente provengan de los enemigos de las libertades de prensa y expresión.
Por cierto, no debe confundirse un registro puntual de asesinatos de personas relacionadas con actividades periodísticas, con una estadística de agresiones a comunicadores derivadas del fiel ejercicio de su profesión.
Pudiera parecer ser lo mismo… pero no lo es.
En el mismo contexto, vale la pena mencionar que el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, ROBERTO CAMPA CIFRIAN, decidió asignar escolta personal al periodista de Baja California Sur JULIO GOMEZ y a la sinaloense defensora de derechos humanos ALMA BARRAZA.
CAMPA CIFRIAN compareció ante la Comisión Permanente de diputados y senadores para abordar el tema relacionado con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Precisó que actualmente tal programa federal brinda protección a 556 activistas y periodistas de un máximo total de 727 posibles.
Y hasta la próxima.
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