– La PGR continuará reservándose el derecho de atracción de delitos contra la prensa
– Con una “carpeta de investigación” se da solución salomónica a exigencia
– Fiscal Especial será el orador invitado a Congreso de la Fapermex
– Con una “carpeta de investigación” se da solución salomónica a exigencia
– Fiscal Especial será el orador invitado a Congreso de la Fapermex
CON todo y que se pretenda proyectar como una primicia excepcional, lo cierto es que la carpeta de investigación que abrirá en lo sucesivo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es simple y sencillamente una salida salomónica a la federalización que pretende un sector del gremio periodístico.
El licenciado RICARDO SANCHEZ DEL POZO, titular de la FEADLE, fue claro al precisar que de la indagatoria dependerá si la Procuraduría General de la República atrae o no el caso. Nada que no se haya practicado hasta la fecha en coordinación con las Procuradurías estatales.
Es decir, la Procuraduría General de la República siempre se ha reservado y se seguirá reservando la atracción de ese tipo de delitos. Luego entonces ¿cuál primicia?
En reciente reunión convocada por el licenciado FERNANDO MORA GUILLEN, presidente de la “Fundación Fernando Mora Gómez”, con el Fiscal Especial se llegó a ese acuerdo. Sin embargo, la exigencia gremial de federalizar todos los delitos que se cometan en contra de periodistas, lógicamente, no es aceptada.
Es inadmisible que la PGR atraiga todos los casos de agresiones a comunicadores, cuando muchos de ellos no tienen su origen en los ataques a las libertades primarias y, en cambio, obedecieron a causas y circunstancias ajenas a la actividad periodística. Ahora que, independientemente del motivo, todos los asesinatos, absolutamente todos, deben investigarse y encarcelar a los responsables.
Así de sencillo.
Lo que desafortunadamente un sector del gremio periodístico no ha logrado entender es que no es lo mismo un ataque a las libertades de prensa y expresión que una agresión a un periodista derivada de asuntos ajenos a la labor informativa. Para mala fortuna de los “tundemáquinas” y sus exigencias, de acuerdo a líneas de investigación, numerosos crímenes con todo y “la vergonzante impunidad” son ajenos a ataques a las libertades primarias.
Además, de acuerdo a criterios obtusos, resulta una necedad tan solo pensar que con la federalización de los delitos contra la libertad de expresión cesarán ipso facto los homicidios de periodistas y comunicadores.
Tan sencillo como analizar detenidamente los asesinatos de políticos, funcionarios, candidatos a gobernantes, militares de alto rango, mandos policiales, etc., etc., mismos que también permanecen en “la más vergonzante impunidad”.
Desde otra perspectiva, la triste realidad es que ni el propio poder constitucional mexicano es capaz de evitar agresiones, ni tampoco investigar y castigar a los responsables. Luego, es una utopía pensar que el gobierno federal protegerá a los periodistas, cuando no tiene capacidad de defensa propia.
En consecuencia y desde una óptica estrictamente personal, no es objetivo precisar que una simple carpeta de investigación se convierta en “la noticia esperada”.
Seguramente el fiscal especial RICARDO SANCHEZ DEL POZO habrá de aclarar muchas dudas al respecto durante su intervención como orador en el XV Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) que se llevará a cabo en noviembre próximo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Por cierto, FERNANDO MORA GUILLEN, secretario del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública JOSE ANGEL CORDOVA que aprobara el Acuerdo Secretarial 286 en beneficio de los periodistas empíricos, actualmente es asesor del gobernador del estado de Quintana Roo y pretende una diputación federal.
Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
El licenciado RICARDO SANCHEZ DEL POZO, titular de la FEADLE, fue claro al precisar que de la indagatoria dependerá si la Procuraduría General de la República atrae o no el caso. Nada que no se haya practicado hasta la fecha en coordinación con las Procuradurías estatales.
Es decir, la Procuraduría General de la República siempre se ha reservado y se seguirá reservando la atracción de ese tipo de delitos. Luego entonces ¿cuál primicia?
En reciente reunión convocada por el licenciado FERNANDO MORA GUILLEN, presidente de la “Fundación Fernando Mora Gómez”, con el Fiscal Especial se llegó a ese acuerdo. Sin embargo, la exigencia gremial de federalizar todos los delitos que se cometan en contra de periodistas, lógicamente, no es aceptada.
Es inadmisible que la PGR atraiga todos los casos de agresiones a comunicadores, cuando muchos de ellos no tienen su origen en los ataques a las libertades primarias y, en cambio, obedecieron a causas y circunstancias ajenas a la actividad periodística. Ahora que, independientemente del motivo, todos los asesinatos, absolutamente todos, deben investigarse y encarcelar a los responsables.
Así de sencillo.
Lo que desafortunadamente un sector del gremio periodístico no ha logrado entender es que no es lo mismo un ataque a las libertades de prensa y expresión que una agresión a un periodista derivada de asuntos ajenos a la labor informativa. Para mala fortuna de los “tundemáquinas” y sus exigencias, de acuerdo a líneas de investigación, numerosos crímenes con todo y “la vergonzante impunidad” son ajenos a ataques a las libertades primarias.
Además, de acuerdo a criterios obtusos, resulta una necedad tan solo pensar que con la federalización de los delitos contra la libertad de expresión cesarán ipso facto los homicidios de periodistas y comunicadores.
Tan sencillo como analizar detenidamente los asesinatos de políticos, funcionarios, candidatos a gobernantes, militares de alto rango, mandos policiales, etc., etc., mismos que también permanecen en “la más vergonzante impunidad”.
Desde otra perspectiva, la triste realidad es que ni el propio poder constitucional mexicano es capaz de evitar agresiones, ni tampoco investigar y castigar a los responsables. Luego, es una utopía pensar que el gobierno federal protegerá a los periodistas, cuando no tiene capacidad de defensa propia.
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