Gobernación y otros organismos brindan vigilancia con videocámaras y botones de seguridad a defensores de los Derechos Humanos y periodistas.
Por Lupita Alvarez
Con videocámaras en sus domicilios particulares, botones de seguridad y reforzando la vigilancia en los accesos donde viven, la Secretaría de Gobernación así como otros organismos protegen a 10 Activistas de Tamaulipas que solicitaron el apoyo a raíz del crimen de la activista, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.
En entrevista, el integrante del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó que los activistas se acogieron a la ley de mecanismos para protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, para solicitar se les protegiera de la delincuencia.
“Desconozco cuantas pero sí son más de 10 las que solicitaron medidas de protección y fundamentalmente son cámaras en los domicilios, reforzar los accesos a esos domicilios, botón de seguridad, es fundamentalmente el mecanismo que Derechos Humanos aprobó para mí y para otros miembros de los colectivos”, dijo.
Informó que las medidas de seguridad se pueden ampliar en caso de que un activista se pudiera sentir amenazado. “Tenemos nosotros el derecho de ampliar la medida en caso necesario solo bastaría con que mandemos un correo electrónico para que lo puedan implementar”, dijo y añadió que desde hace dos meses reciben esta protección.
Gutiérrez Riestra se quejó además de que el Estado no ha entregado el apoyo económico para la compra de útiles escolares a 30 niños de este Colectivo, ello a pesar de que ya iniciaron las clases. “Los huérfanos de la delincuencia necesitan muchas cosas, ellos pierden el sostén de la familia y por lo tanto están a la deriva”, dijo.
Precisó que el Estado se había comprometido otorgar mil 200 pesos a los niños de primaria y 2 mil 200 a los de secundaria y medio superior, sin embargo reiteró a 30 niños de este Colectivo no les ha llegado dicho apoyo, pese a que desde hace varias semanas comenzaron las clases en educación básica.
En entrevista, el integrante del Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó que los activistas se acogieron a la ley de mecanismos para protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, para solicitar se les protegiera de la delincuencia.
“Desconozco cuantas pero sí son más de 10 las que solicitaron medidas de protección y fundamentalmente son cámaras en los domicilios, reforzar los accesos a esos domicilios, botón de seguridad, es fundamentalmente el mecanismo que Derechos Humanos aprobó para mí y para otros miembros de los colectivos”, dijo.
Informó que las medidas de seguridad se pueden ampliar en caso de que un activista se pudiera sentir amenazado. “Tenemos nosotros el derecho de ampliar la medida en caso necesario solo bastaría con que mandemos un correo electrónico para que lo puedan implementar”, dijo y añadió que desde hace dos meses reciben esta protección.
Gutiérrez Riestra se quejó además de que el Estado no ha entregado el apoyo económico para la compra de útiles escolares a 30 niños de este Colectivo, ello a pesar de que ya iniciaron las clases. “Los huérfanos de la delincuencia necesitan muchas cosas, ellos pierden el sostén de la familia y por lo tanto están a la deriva”, dijo.
Precisó que el Estado se había comprometido otorgar mil 200 pesos a los niños de primaria y 2 mil 200 a los de secundaria y medio superior, sin embargo reiteró a 30 niños de este Colectivo no les ha llegado dicho apoyo, pese a que desde hace varias semanas comenzaron las clases en educación básica.
