Agencias
México.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este miércoles que realiza una investigación contra Grupo IUSA por presuntas prácticas monopólicas en la venta de medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Grupo IUSA, fundada en 1939, es dirigida actualmente por el empresario Carlos Peralta Quintero. Entre sus sectores de negocios están, además de la energía, el manufacturero, el agropecuario, el de telecomunicaciones y automotriz.
La investigación inicia después de una denuncia anónima con expediente DE-023-2017.
«Derivado de la información aportada por el denunciante en el expediente señalado, esta Comisión Federal de Competencia Económica tuvo conocimiento de hechos que derivaron en la posible realización de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica», señala la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Una fuente de CFE explicó a El Financiero que las prácticas serían por posible colusión entre los oferentes y no de la demandante, caso similar al que sucedió entre las farmacéuticas para ventas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En su sitio web, la Cofece detalló que en la última década la CFE invirtió más de 15 mil millones de pesos en la adquisición de medidores de luz a través de diversos procesos de compra pública.
“La aplicación de eficiente de sus recursos económicos en la adquisición de los bienes y servicios que necesita para su operación resulta relevante, pues además de tener un papel vital para México, se encuentra en un momento clave de la reforma energética”, precisó.
La Cofece aclaró que se trata del inicio de una investigación, lo que no se debe entender como alguna mala práctica desde ahora.
«El presente procedimiento no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, tal como se dispone en el segundo párrafo del artículo 54 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica», explicó.
El plazo de la indagatoria es de máximo 120 días hábiles, los cuales se cuentan desde el 18 de septiembre de este año, fecha en la que inició la investigación. Este plazo puede ser ampliado cuatro veces más.
