Luego de 5 años, Derechos Humanos emite la recomendación 8VG/2017 a Tamaulipas por la matanza de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León.
Arnoldo García/Redacción
Con el objeto de atender de forma inmediata la recomendación 8VG/2017 recibida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a violaciones a los derechos humanos en un hecho del 2012 , la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, instruyó diversas acciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública.
A la Procuraduría de Justicia se le instruyó que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas en contra de las autoridades responsables para que se inicie la averiguación previa que en derecho corresponda para investigar a los servidores públicos que intervinieron en los hechos ocurridos en mayo de 2012.
Así mismo en cumplimiento a la recomendación de la CNDH se solicitó al titular de la Procuraduría General de Justicia que se imparta un curso a los agentes del Ministerio Público para el acatamiento de las disposiciones jurídicas relativas a la atención de los Derechos Humanos de las víctimas del delito durante la integración de las averiguaciones previas y se envíe a la CNDH la constancia que acredite su cumplimiento.
Que de igual manera colabore ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el trámite de la queja que ese organismo constitucional promueva ante la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas ante las autoridades responsables.
La recomendación 8VG/2017 se refiere al hallazgo de 49 personas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, en mayo del 2012, cuando los funcionarios de Procuración de Justicia en Tamaulipas encabezada por Bolívar Hernández Garza “no actuaron con la debida diligencia, fueron omisos en sus funciones y deficientes en sus acciones”.
Se añade que los funcionarios de la Procuraduría fueron omisos en su deber y responsabilidades, procediendo con negligencia y omitieron realizar acciones pertinentes, para la adecuada investigación de los homicidios.
En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito se deberá anexar el expediente personal de los servidores públicos señalados como responsables de violaciones a derechos humanos copia de la determinación que emitan los respectivos órganos de control y vigilancia.
La Procuraduría de Justicia entregará los expedientes y toda la información disponible en torno al caso de las 49 personas muertas, localizadas en mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León.
