Miembros del Gremio Unidos de Alijadores protestaron en el Congreso; se dicen despojados de 400 mdp.
Por Arnoldo García
Miembros del Gremio Unidos de Alijadores denunciaron la actitud parcial del juez 1o. del Ramo Civil, Gilberto Barrón Carmona, para despojarlos de 27 bienes inmuebles por un valor superior a los 400 millones de pesos y que constituyen el patrimonio de su jubilación.
Magdaleno Pérez Juárez, representante de los trabajadores, denunció que debido a la mala administración de los anteriores dirigentes Jesús Ramón Martínez del Angel y José Cedillo, perdieron la concesión para operar la carga y descarga de mercancías en el puerto de Tampico y en el puerto industrial de Altamira.
En ese sentido, insistió en que lo más preocupante es perder las fuentes de trabajo, que por más de 100 años habían conservado.
Señaló que el juez 1º. del Ramo Civil de Altamira, Gilberto Barrón Carmona, asignó a Rubén Rodríguez Gutiérrez 27 bienes inmuebles, propiedad del Gremio Unico de Alijadores para saldar una deuda de 150 millones de pesos, que concertaron Jesús Ramón Martínez del Angel y José Cedillo de manera arbitraria, pues no tenían autorización de la asamblea para solicitar un empréstito por tal cantidad.
Además, se desconoce en que aplicaron dichos recursos, pues no fue en beneficio de los miembros del Gremio.
Los alijadores hicieron hincapié en que los bienes de los cuales fueron despojados tienen un valor superior a los 400 millones de pesos.
Entre los que se encuentra el edificio ubicado en las calles Isauro Alfaro y Francisco Madero en Tampico, un predio de 18 hectáreas en Altamira, así como otras instalaciones, cuyo valor es del doble de lo que se pretende cobrar, por lo cual no es admisible se les despoje al gremio de dichos bienes, pues constituye el patrimonio de jubilados y pensionados.
Además Jesús Ramón Martínez del Angel y José Cedillo, fueron desconocidos por la asamblea general por lo cual no representan a los trabajadores en el juicio de nulidad en que se tiene como contraparte a Rubén Rodríguez, quien reclama un pago de 150 millones de pesos.
Los miembros del Gremio Unido de Alijadores protestaron afuera del Congreso del Estado y solicitaron la intervención de los legisladores ante el Supremo Tribunal de Justicia.
