viernes, 1 de mayo de 2026

Destacadas, Locales

Se opone la IP al programa de empadronamiento

Se opone la IP al programa de empadronamiento

Organismos empresariales del sector automotriz, aseguran que la medida es es ilegal y atenta contra el marco jurídico del país

Por Arnoldo García

Empadronar vehículos "chocolates" bajo el argumento de promover la seguridad pública es ilegal, atenta contra el marco jurídico del país y viola el Convenio de Coordinación Fiscal y el Código Fiscal de la Federación, señalaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles y la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz.

En un comunicado ambas asociaciones señalan que el Gobierno del Estado de Tamaulipas y su Congreso, pretenden otorgar engomados a los vehículos usados internados ilegalmente conocidos como ‘chuecos’ que circulan por esta entidad de manera irregular, violando la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior.

Se insiste en que esta medida únicamente alentará la introducción ilegal de autos y no resuelve del problema de seguridad.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, sostuvo: “Es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de estos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, el pago a la Secretaría de Finanzas de alrededor de $1,500.00 sería anual más el pago de una póliza de seguro”.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la AMDA, mencionó que la justificación del Gobierno Estatal de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible, ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos chuecos.

Por último ambas agrupaciones coincidieron en urgir la intervención de la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Procuraduría Federal Fiscal, para que se suspenda tal irregularidad, ya que es una medida engañosa y que no resuelve el problema.