Se opone la IP al programa de empadronamiento

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Organismos empresariales del sector automotriz, aseguran que la medida es es ilegal y atenta contra el marco jurídico del país

Por Arnoldo García

Empadronar vehículos «chocolates» bajo el argumento de promover la seguridad pública es ilegal, atenta contra el marco jurídico del país y viola el Convenio de Coordinación Fiscal y el Código Fiscal de la Federación, señalaron la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles y la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz.

En un comunicado ambas asociaciones señalan que el Gobierno del Estado de Tamaulipas y su Congreso, pretenden otorgar engomados a los vehículos usados internados ilegalmente conocidos como ‘chuecos’ que circulan por esta entidad de manera irregular, violando la Constitución, leyes aduaneras, de normalización y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior.

Se insiste en que esta medida únicamente alentará la introducción ilegal de autos y no resuelve del problema de seguridad.

Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, sostuvo: “Es una medida engañosa y recaudatoria que pretende recabar datos de los poseedores de vehículos ilegales a cambio de un engomado que en ningún momento es equiparable con una medida de legalización, por lo que la estancia de estos vehículos en el país seguirá siendo clandestina y por ende incierta; pese a estas premisas, el pago a la Secretaría de Finanzas de alrededor de $1,500.00 sería anual más el pago de una póliza de seguro”.

Por su parte, Eduardo Solís, presidente de la AMDA, mencionó que la justificación del Gobierno Estatal de identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos es insostenible, ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la internación y comercialización de vehículos chuecos.

Por último ambas agrupaciones coincidieron en urgir la intervención de la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Procuraduría Federal Fiscal, para que se suspenda tal irregularidad, ya que es una medida engañosa y que no resuelve el problema.

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