Agencias
La Procuraduría General de la República impugnó la decisión del juez que otorgó una suspensión de plano a Eugenio Hernández Flores, la cual frenó el proceso de extradición del ex gobernador de Tamaulipas a Estados Unidos.
La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas reclama a Eugenio Hernández por los cargos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero; operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
El ex mandatario estatal actualmente permanece en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.
El recurso de queja fue interpuesto ante el juez Primero de Distrito con sede en Tamaulipas, mismo que otorgó la suspensión de plano a Hernández Flores; ahora, el recurso del Ministerio Público Federal será turnado a un Tribunal Colegiado.
El pasado 18 de octubre, personal de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández; dos meses después, EU solicitó formalmente a Eugenio.
En enero del presente año, un juez federal notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica en el sentido de que Eugenio Hernández no debía ser extraditado a EU, sino ser juzgado en México.
El juzgador argumentó que nuestro país no está obligado a entregar al ex gobernador por la naturaleza de los cargos que es demandado.
Lo más acorde, apuntó el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, era consignar el expediente a las autoridades mexicanas para el procesamiento de los hechos.
Subrayó que los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Federal establecen que los estados conservan soberanía sobre las cuestiones de su régimen interno y se someten a la Federación en cuanto a lo externo.
«Por lo que debe considerarse que la relevancia de ciertos bienes jurídicos opera únicamente dentro de las fronteras de la soberanía nacional y, por el contrario, no sería adecuado a esa soberanía, reconocer que para una nación extranjera, también pudieran resultar penalmente relevantes las conductas de servidores públicos mexicanos contra bienes jurídicos como el manejo honesto y adecuado de los fondos públicos de la Federación o de las Entidades Federativas», señaló.
