El candidato de Morena en Nuevo Laredo, es acusado por transar recursos destinados a proyecto sanitario.
Por Arnoldo García
El candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, es investigado por un desvío de más de 100 millones de pesos destinados a un proyecto de drenaje sanitario, cuando se desempeñaba como presidente municipal.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción da seguimiento a la denuncia presentada por el candidato a la diputación federal, José Heriberto Cantú Deándar, así como las entonces regidoras Ireri Calderón Cortés, Mariza Yazmín Zárate Flores y otros integrantes de la administración del 2013-2016 que encabezó Carlos Canturosas Villarreal, quienes denunciaron el desvío de recursos por más de 100 millones de pesos destinados al Proyecto Integral de Alcantarillado Pluvial de Nuevo Laredo, dentro del cual se encontraba la construcción del colector Campeche.
La denuncia fue ratificada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, demandando se continúen con las investigaciones del caso y se castigue a Ramón Garza y a los demás responsables.
“Una vez concluida la investigación respectiva y acreditados los hechos que pueden ser constitutivos de los delitos que se denuncian, se sirva a ejercitar acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”.
Ramón Garza, fungió como presidente municipal de Nuevo Laredo por el Partido Revolucionario Institucional (207-2010), además del desvió de más de 100 millones de pesos que debieron invertirse en el proyecto de drenaje para la ciudad, dejó una deuda pública superior a los mil millones de pesos.
De acuerdo con el expediente del caso, el Proyecto Integral de Alcantarillado Pluvial de Nuevo Laredo habría de ser financiado al 50 por ciento por la Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., bajo el contrato COFIDAN TM0203, que habría de otorgar un crédito de hasta 241 millones 926 mil 884 pesos y el resto debió ser cubierto por Garza Barrios, quien contrató un crédito para dicho fin, la empresa pactada, realizó la obra pero el gobierno municipal (2007-2010) no la pagó, causando un daño patrimonial al gobierno municipal de la ciudad fronteriza.
