Tampico, Tam.- Al referir que los operativos Almatam son un mal necesario en donde revisan vehículos y que la documentación esté en regla para evitar ilícitos, el asesor jurídico de la Asociación «Ricardo Guerrero AC», César Fentanes Banda, dejó en claro que no dejan de ser acciones inconstitucionales por lo que opina que los concesionarios del transporte público deben promover amparos para que se de la suspensión.
“Los operativos, siempre se ha dicho que son inconstitucionales, están en contra de lo que dispone el 14 y 16 Constitucionales esto es que nadie puede ser molestado sin una orden por escrito por una autoridad,
esto se da en un marco de la Ley de Seguridad Nacional pero ya hay abuso, exceso, situaciones que molestan a los que trabajan en el transporte público no pueden parar a alguien par buscar sino lo objetos determinados”, refirió.
En este asunto, el abogado opinó que debe haber conciliación y acercamiento, mediación entre gobierno y los del transporte.
Dijo que si bien es cierto esas acciones son efectivas para reprimir ciertas conductas tampoco son legales y reiteró “solamente puede ser molestada la persona con mandamiento de autoridad por escrito que funde y motive la causa legal de este acto de molestia”.
Fentanes Banda indicó que en el marco de la ley para la prevención del delito sí puede operar pero es inconstitucional ya que una ley general no puede estar por encima de la Constitución.
Y recordó: “esto viene desde el gobierno de Felipe Calderón que violando las garantías y fuera de regimen de derecho hacían cateos sin orden judicial espionajes telefónicos, autorizaban muchas cosas y en ese marco se de esa ley para la prevención del delito surgen estas revisiones.
“A mí me paran pero sino me traen orden o mandamiento de autoridad donde funden y digan le voy parar para revisar la unidad no es legal”, señaló.
El experto en derecho dijo que allí lo único que pueden hacer los concesionarios del transporte público y sociedad que se sienta afectada, es que promuevan amparos y suspensiones ante el juez y se vuelva una situación que ya se dio en Monterrey, Nuevo León donde se ampararon contra ese tipo de acciones y las suspendieron.
