Reynosa y Nuevo Laredo son los municipios del país en los que más veces ocurrió ese hecho violatorio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias, 496 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 118 por tortura del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018.
Las detenciones se concentraron principalmente en cuatro estados, alertó Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) quien destacó la necesidad de que se implemente un registro nacional sobre ese flagelo.
Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México son las entidades federativas en donde se reportaron el mayor número de quejas por esos motivos y concentraron 25% de las quejas por detenciones arbitrarias, mientras que Reynosa y Nuevo Laredo son los municipios del país en los que más veces ocurrió ese hecho violatorio.
Al participar en el foro Implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, organizado por el MNPT y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), Domínguez Leal destacó que “el poder público tiene el deber y obligación de respetar el debido proceso y no puede perseguir delitos a costa del mismo. El sistema de justicia tiene como su centro a la persona humana, a la que debe dar el máximo de protección”.
“La Policía Federal y la Secretaría de Marina son las autoridades más señaladas como presuntas responsables de detención arbitraria en dicho periodo, de acuerdo al número de quejas recibidas”, afirmó la directora ejecutiva del MNPT, mientras que Veracruz y Oaxaca fueron las entidades donde se aplicaron más tratos crueles, así como los municipios de Tepic, Nayarit, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en esos casos, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración fueron las autoridades con mayor número de quejas.
Explicó que en los 118 expedientes por tortura registrados las entidades donde hubo más casos fueron Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México, así como el municipio de Tijuana, Baja California, en tanto que la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron las autoridades más señaladas como responsables de esos actos.
