El activista Geovanni Barrios lleva acusación por delitos de lesa humanidad ante la Corte de Justicia de La Haya
Agencias
La asociación Justicia Tamaulipas presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en contra de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por delitos de lesa humanidad.
El pasado martes 10, Geovanni Francesco Barrios Moreno, presidente del organismo ciudadano, acudió personalmente a la sede de la corte internacional en Holanda, donde canalizó la denuncia por los cientos de desapariciones forzadas durante los 12 años de gestión de ambos ex mandatarios, y se entrevistó con Fatou Bensouda, fiscal de Información y Unidad de Evidencia, de acuerdo a Apro.
Barrios Moreno, quien representa a casi 500 familias en Justicia Tamaulipas, explicó que llevó a La Haya 450 pruebas recabadas principalmente por el gobierno de Estados Unidos, que reclama a Yarrington y Hernández por nexos con la delincuencia organizada, causas que los tienen en prisión.
En la denuncia, de la que Apro tiene copia, se señala que en las gestiones de Yarrington Ruvalcaba (1999-2005) y Hernández Flores (2005-2010) “existió un incremento importante de desapariciones forzadas de personas por parte de grupos delictivos, así como por oficiales de seguridad pública”.
Añade: “Es importante resaltar que, en la época del mandato constitucional como gobernador (Yarrington), la mayoría de los jefes delincuenciales provenían de las fuerzas de Seguridad del Estado. Miles de familias fueron separadas de sus familiares dentro del estado de Tamaulipas”.
Argumentos similares utiliza para responsabilizar a Hernández de los mismos cargos.
En 2008, el mismo presidente de Justicia Tamaulipas sufrió la desaparición de su hijo Geovanni Francesco Barrios (entonces de 17 años) de manos de 15 sujetos armados, algunos de los cuáles eran policías municipales y estatales, y exagentes bajo el mando de Yarrington. A la fecha lo sigue buscando.
De acuerdo con la denuncia, tanto Yarrington como Hernández permitieron que fueran cometidos delitos de impacto internacional, pues además de aceptar que cientos de personas fueran privadas de la libertad, rechazaron dar información sobre la suerte de miles que fueron víctimas de ese crimen durante sus mandatos.
