Los Secretarios del Gobierno del Estado serán responsables de vigilar
el cumplimiento de los contratos, según propuesta del diputado Glafiro Salinas.
Los titulares de las dependencias que suscriban convenios de compras del Gobierno del Estado, serán responsables de vigilar el cumplimiento de los términos de los contratos, según la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado.
La propuesta presentada por el diputado Glafiro Salinas Mendiola, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, pretende reformar el párrafo 3º. del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal.
Contempla en su exposición de motivos evitar operaciones falsas en detrimento del erario público, la reforma propone un mecanismo que responsabiliza a los titulares de las dependencias contratantes, de vigilar el cumplimiento de los actos jurídicos formalizados.
Recalca que mediante la reforma a la la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, evita la práctica consistente en la adquisición del uso, goce o disfrute de bienes, o bien, en la contratación de servicios con terceros que carecen de la capacidad técnica, económica y operativa para cumplirlos.
El Presidente del Congreso del Estado, refirió que encontraron claros ejemplos en las estrategias de desvío de recursos, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, a través de las auditorías practicadas a las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, correspondientes a la Secretaría del Desarrollo Social y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
De esta forma, se agregó que cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo.
“En nuestra calidad de representantes de la voluntad popular, no debemos permanecer incólumes ante los actos de autoridad que, mediante la simulación de actos jurídicos entre organismos gubernamentales, malversan recursos públicos para satisfacer finalidades particulares”, señaló.
La iniciativa fue turnada a Comisiones para su estudio y dictamen.
