Cd. Victoria, Tam. Nunca como ahora hubo tantos exgobernadores mexicanos presos o sujetos a juicio. Tamaulipas tiene dos, TOMÁS YÁRRINGTON y EUGENIO HERNÁNDEZ, ambos en cautiverio y con procesos sin concluir, al norte y sur del río Bravo.
En el caso de GEÑO, el expediente grande, lo verdaderamente pesado y preocupante radica en una corte federal de Texas. La prensa hispana del vecino país suele calificarlo como un “megaproceso” por las múltiples repercusiones que entraña.
A la inversa, es muy endeble la causa local por la que hoy se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría de Tamatán.
Se diría que el caso está prendido con alfileres, al no involucrar al exmandatario de manera directa y convincente que amerite su encierro. Bien podría haberse seguido bajo un esquema de libertad bajo proceso.
Es por ello que defensores y familiares han trazado puentes con el presidente LÓPEZ OBRADOR en búsqueda de clemencia.
Tema difícil pero no imposible, si recordamos que ANDRÉS MANUEL ha demostrado una disposición anímica particularmente sensible al ejercicio de dicha facultad divina.
El gesto magnánimo de la misericordia como expresión inequívoca de grandeza. Prodigar indulgencias le halaga en su fuero más íntimo. Es tarea que asume con el resplandor de quien se siente tocado por vientos celestiales.
El perdón otorgado por la más pura de las gracias, a contracorriente de leyes y procedimientos, por esa voluntad de lo más alto, capaz de separar la luz de las tinieblas, expulsar demonios y curar enfermos.
EL TIMING
Desde luego, con las campañas encima, es harto probable que la decisión de AMLO (en caso de existir) se esté posponiendo hasta después de las votaciones que tendrán lugar el primero de junio, dentro de 40 días.
Según esta versión, MORENA no quiere pagar los platos rotos de la compasión obradorista en esta elección que renueva los 36 asientos de la legislatura local, 22 de mayoría 14 de representación proporcional.
Existe temor fundado que un eventual perdón al ingeniero HERNÁNDEZ fortalezca al voto panista o, al menos, aporte argumentos poderosos a la causa albiazul. De aquí la postergación.
En cuanto a YARRINGTON ya sabemos que tras su arresto en Florencia (abril, 2017) y el posterior traslado a su actual cautiverio texano (abril, 2018) se declaró inocente (“not guilty”) en los 11 cargos formulados en su contra.
Desde entonces, el juicio se ha venido posponiendo una y otra vez, cambiando de fechas para octubre de 2018, diciembre de 2018, abril de 2019 y ahora se dice que será en septiembre de 2019.
Al respecto se argumenta la complejidad del caso, en un expediente que comprende alrededor de 15 mil documentos digitales, que abarcan más de 110 mil páginas, amén de requerir la comparecencia de testigos residentes, dicen, “en otros países” (mexicanos en su mayoría).
Los medios han respondido con suspicacia. Algo se cocina (dicen) entre fiscalía y defensa. Un acuerdo extrajudicial que haría la vida más fácil y se diría que hasta más económica para ambos bandos.
La justicia norteamericana tiene por costumbre el corresponder con sanciones más benignas a los acusados que asumen una actitud de colaboración y permiten simplificar procedimientos, ahorrándose el costo administrativo que suelen acarrear los juicios largos.
¿Y LOS EXPRESIDENTES?
En México, no obstante, la impunidad sigue siendo regla en la cima del poder ejecutivo federal. Caso excepcional en el entorno latinoamericano donde la investigación y castigo de expresidentes corruptos se ha extendido como práctica regular y recurrente, sin respetar colores ni ideologías.
Por mencionar un caso entre tantos, tan solo en Perú llegaron a trabajar cinco juicios en paralelo contra expresidentes vinculados a temas de corrupción (ahora cuatro, tras el suicidio de ALAN GARCÍA).
Los demás son ALBERTO FUJIMORI, ALEJANDRO TOLEDO, OLLANTA HUMANA y PABLO KUCZYNSKI.
Así está toda la América hispana, de Guatemala a Panamá, de Colombia al Paraguay. Las cúpulas dirigentes han convertido al ministerio público en un espacio donde disputarse el poder y dirimir sus diferencias, incluyendo juicio y prisión para sus adversarios que antes gobernaron.
No ocurre así en México por esa extraña fraternidad entre equipos de gobierno salientes y entrantes que ha convertido en intocable a todo aquel que haya ocupado la silla presidencial.
De los seis exmandatarios vivos, tal vez habría que exceptuar el caso de LUIS ECHEVERRÍA, cuya vejez avanzada dificulta ya no digamos un juicio en su contra, ni siquiera le alcanza para su comparecencia inicial.
Los otros cinco serían materia disponible: SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA. Sin embargo, atendiendo (1) al bajo perfil (grisura, incluso) mostrado por ZEDILLO desde que dejó el cargo y considerando (2) la ausencia de señalamientos formales que involucren a CALDERÓN en actos concretos de corrupción, cabe pensar en que las baterías pudieran eventualmente concentrarse en tres objetivos prioritarios: PEÑA, FOX y SALINAS.
La decisión es de ANDRÉS MANUEL y la ha venido postergando bajo pretexto de ser enemigo de la venganza. Aunque sus interlocutores en redes y medios suelen recordarle que no es venganza sino justicia lo que el pueblo mexicano está pidiendo.
Añade LÓPEZ OBRADOR que prefiere perdonar. Aunque, por igual, la opinión pública le está pidiendo que no confunda perdón con impunidad, al menos en casos graves como el escándalo Odebrecht, la Estafa Maestra, el huachicoleo de cuello blanco, los fusilamientos de Tlatlaya y los crímenes de Ayotzinapa, por citar algunos ejemplos.
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