Las recomendaciones por violaciones graves por tortura se dirigieron
a la Fiscalía de la República, seis h cinco a la Secretaría de Seguridad
Agencias
México.- De 2000 al 31 de mayo de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 343 recomendaciones por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las autoridades más señaladas por la comisión de esos abusos son las encargadas de brindar seguridad y procurar justicia.
El organismo nacional subrayó que la persistencia de la práctica de la tortura en México “nos aleja de la consolidación de la institucionalidad y del respeto a la legalidad, mientras ese flagelo se erige como el triunfo de la ilegalidad sobre las leyes; del abuso, la violencia y la intransigencia sobre la institucionalidad y del miedo y el terror sobre el respeto a la dignidad de las personas”.
Los datos de esta instancia indican que del total de recomendaciones emitidas por estos abusos durante el periodo referido, 322 son recomendaciones particulares y 21 por violaciones graves a derechos humanos. Además, que en estos casi 19 años, de las 11 mil 939 quejas que ha recibido, 11 mil 549 se refieren a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De 2000 a mayo de 2019 las recomendaciones por violaciones graves por tortura se dirigieron a la Fiscalía General de la República (FGR), seis; cinco a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); tres a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Secretaría de Marina (Semar), tiene tres; dos al gobierno del estado de México; dos al gobierno de Michoacán; y dos al ayuntamiento de Iguala, Guerrero. Es de recordar que una recomendación puede ir dirigida a una o más autoridades.
En tanto que las principales autoridades a las que se dirigieron las recomendaciones particulares por tortura son la Sedena con 50; la Semar con 25; la SSPC con 25; 17 a la FGR; cuatro al gobierno de Tabasco; a los gobiernos de Chihuahua, Baja California, Guerrero y San Luis Potosí, tres a cada una de esas instancias; el mismo número para la Procuraduría General de Justicia Militar; dos para cada uno de los gobiernos de Durango, Guanajuato, México, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo; y también dos al Instituto Nacional de Migración.
