AGENCIAS.- En las últimas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado sus críticas y acciones contra “ciudades santuario”, acusando que sus políticas ayudan a proteger a inmigrantes criminales. A esa campaña se suma el fiscal general William Barr, quien advirtió de una “escalada significativa” contra los gobiernos de esas juridicciones.
Las autoridades federales se quejan que las políticas “santuario” no permiten acciones libres de oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a “inmigrantes criminales”.
El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este lunes a California, Nueva Jersey y a una localidad del estado de Washington, en un nuevo capítulo de su pulso con las autoridades locales por medidas que protegen a los migrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia (DOJ) demandó al estado de California, su gobernador, Gavin Newson, y su fiscal general Xavier Becerra por una ley que busca eliminar gradualmente el uso de cárceles privadas con fines de lucro, entre ellas centros de detención de migrantes.
Según un comunicado del DOJ, debido a esa legislación los prisioneros que permanecen en centros privados en California tendrán que ser trasladados “a un gran costo”, lo que podría aislarlos de sus familias y causar hacinamiento en los estados vecinos.
Para la Administración Trump, esa ley -que Newson suscribió en octubre pasado- es “ilegal”.
La normativa, conocida como AB 32, impide que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) celebre o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evita que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La ley también prohíbe al ‘La Migra’ contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada.
La Administración de Trump también demandó al estado de Nueva Jersey, su gobernador, Philip Murphy, y su fiscal general, Gurbir Grewal, en busca de bloquear una norma que prohíbe a los funcionarios estatales compartir con el ICE información relacionada con el estatus migratorio y las fechas de liberación de personas bajo su custodia.
La mencionada legislación prevé igualmente que se notifique “prontamente a una persona detenida, por escrito y en un idioma que pueda entender”, si el ICE ha solicitado su detención.
Según la queja presentada este día, en múltiples ocasiones los funcionarios de Nueva Jersey no proporcionaron durante el año pasado información sobre la fecha de liberación de extranjeros que habían sido acusados o detenidos por crímenes, explicó en la nota el DOJ, que califica igualmente de “ilegal” esa normativa de Nueva Jersey.
El Gobierno inició de igual forma una demanda contra el condado de King, en el estado de Washington, y el jefe del Ejecutivo local, Dow Constantine, por una orden que ha prohibido que contratistas del ICE usen el aeropuerto de esa población como terminal de salida de los vuelos con deportados o para transportar migrantes detenidos dentro del país.
La decisión, que no incluye los aviones del Gobierno federal, “ha creado dificultades operativas y costes adicionales para el ICE”, argumentó el Departamento de Justicia.
Este lunes se conocieron versiones de prensa según las cuales un juez federal del estado de Maryland prohibió que los migrantes indocumentados de esa zona casados con ciudadanos estadounidense sean arrestados o deportados mientras tramitan su estatus legal en virtud de esa unión
Las acciones del DOJ se dan al mismo tiempo que el DHS consideró una serie de opciones para tomar represalias contra los llamados estados “santuario”.
Según un reporte de BuzzFeed, el mes pasado, el jefe interino de la oficina de políticas del DHS, James McCament, supuestamente escribió al Secretario en funciones Chad Wolf detallando los pros y los contras de diferentes medidas para tomar represalias y mitigar los efectos de las políticas locales de santuario.
Entre otros aspectos se exploró la posibilidad de usar estados “amigables” con las políticas de inmigración de la Administración Trump para obtener información restringida por las políticas de santuario, como la información sobre licencias para indocumentados.
La opción principal fue solicitar información sobre los conductores de Nueva York a través de estados cooperativos dentro del programa REAL ID, que requiere que las jurisdicciones participantes compartan información entre ellos, pero al final se desechó.
La decisión final derivó en bloquear el programa Global Entry, que permite a viajeros facilitar su cruce por aeropuertos, debido a que esa identificación tiene mayores controles.
