La violencia gana espacios de nuestros niños niñas y adolescentes en los planteles educativos, por eso es urgente frenar la comisión de delitos al interior de las escuelas e involucrar más a las autoridades educativas y los padres de familia o tutores legales, planteó la diputada federal, del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán al proponer cambios a la Ley General de Educación y la Ley General para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
“No debemos acostumbrarnos a que se repitan hechos trágicos como el de Coahuila, el pasado 9 de enero, donde un alumno de secundaria, de apenas 11 años de edad, asesinó a tiros a su maestra y se quitó la vida”, dijo y planteó que, de aprobarse los cambios a estos dos ordenamientos, se permitirá definir con claridad atribuciones y facultades de los actores comprometidos con brindar entornos escolares seguros que fomenten el sano desarrollo de todas y todos los niños de nuestro país.
La reforma “facilitará impulsar acciones concretas, suficientes e inmediatas, para prevenir la violencia y la comisión de delitos al interior de las escuelas. Se trata de establecer y legitimar nuevas condiciones de seguridad para los estudiantes y la comunidad académica”, puntualizó Rodríguez Mier y Terán
La legisladora por el estado de Tamaulipas recordó que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, porque de él depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de nuestra nación y de hecho, de toda la civilización humana.
Lamentó que en México, la violencia se normalice y “es más grave ver cómo se están vulnerando los espacios en donde nuestras niñas y niños deberían sentirse más seguros, aparte de su hogar, como son sus planteles educativos”.
A efecto de contribuir y prevenir la comisión de los delitos y la violencia, la iniciativa de ley, propone precisar con claridad las atribuciones de las autoridades educativas que permitan establecer mecanismos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pueden estar involucrados de cualquier manera en la comisión de algún delito o acto de violencia o maltrato escolar o ser víctima de ellos.
Con base en datos del sector salud que indican que los índices de trastornos mentales y depresión se han incrementado en nuestros niños, se sugiere crear dentro de las instituciones, áreas que ayuden a detectar las alteraciones y asistan en la protección de los involucrados.
Destacan también, las facultades de las autoridades educativas para establecer mecanismos efectivos de comunicación y participación con las madres y padres de familia de las criaturas involucradas y de manera complementaria, en el caso del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se precisan atribuciones a efecto de darles un mayor alcance a sus actividades.
