Agencias.- El gobierno de Donald Trump propuso una “solución” para Venezuela con el fin de lograr su hasta ahora fracasado objetivo de cambio de administración en el país sudamericano, a través de un gobierno de transición conformado por la oposición y el partido en el poder –pero sin el presidente Nicolás Maduro o el líder opositor Juan Guaidó– que se encargaría de llevar al país a nuevas elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de entre nueve y 12 meses.
Aunque el gobierno de Trump afirma que “aceptaría” cualquier resultado de elecciones “libres e imparciales” dentro de su esquema, no ocultó que tiene un favorito. “Es razonable pensar que él (Guaidó) se lanzaría por la presidencia”, indicó Elliott Abrams, representante especial para Venezuela del régimen de Trump, “ya que las encuestas demuestran que es la figura política más popular en el país”. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo que “Maduro nunca gobernará Venezuela”.
No quedó claro si Maduro sería excluido de una supuesta elección, ya que a la vez es “hombre buscado” por las autoridades estadunidenses después de ser acusado de narcoterrorismo la semana pasada por el Departamento de Justicia con una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.
“Estados Unidos propuso una ruta para resolver la crisis de Venezuela a través de una transición democrática pacífica”, declaró Pompeo, al presentar lo que llamó un “marco” para establecer un gobierno “transitorio ampliamente aceptado” dedicado a “administrar elecciones presidenciales libres e imparciales”, proceso que a la vez llevaría a levantar las sanciones estadunidenses contra el país.
Fue curioso que en medio de una crisis de salud que está obligando la clausura de gran parte de Estados Unidos como resultado de graves fallas y falta de preparación del régimen de Trump, según casi todo experto y el liderazgo demócrata, Pompeo manifestó que ahora hay mayor urgencia para lograr la solución política en Venezuela como resultado “del fracaso del régimen de Maduro de prepararse adecuadamente para abordar la pandemia global del Covid-19”.
El Marco de Transición Democrática propuesto por el gobierno de Trump incluye el retorno de todos los integrantes de la Asamblea Nacional, la liberación de prisioneros políticos, la expulsión de todas las fuerzas de seguridad extranjeras y la aprobación por la Asamblea Nacional de un nuevo “consejo de Estado” conformado por dos puestos para el partido en el poder, dos para la coalición de Guaidó, y esos cuatro elegirían a un quinto elemento, quien funcionaría como presidente interino.
El Consejo de Estado establecería el calendario para elecciones simultáneas para presidente y Asamblea Nacional. Después de ratificarse la elección, las sanciones de Estados Unidos serían anuladas.
El plan también propone que el alto mando militar permanecería como está durante el periodo del gobierno de transición, al igual que autoridades estatales y locales.
Abrams, quien se estrenó como encargado de “derechos humanos” en el Departamento de Estado en 1981 encubriendo la masacre de El Mozote en El Salvador y quien en 1991 fue obligado a declararse culpable de ocultar información del Congreso sobre el escándalo Irán-contras en los años 80 (https://fas.org/irp/offdocs/walsh/chap_25.htm), entre otras hazañas diplomáticas, escribió que el “marco” presentado ayer es “una ruta para que Venezuela salga de años de represión y conflicto político”.
Abrams, en un artículo publicado en el Wall Street Journal, informó que se propone que tanto “el ex presidente” Maduro como “el mandatario interino” Guaidó se hagan a un lado para que los integrantes electos de la Asamblea Nacional establezcan el Consejo de Estado como gobierno transitorio; sin embargo, señala, Guiadó permanecerá como presidente de la Asamblea Nacional ese ese periodo. Abrams afirma que Washington “reconocerá los resultado de una elección libre e imparcial, sin importar cuál partido gane”.
Subrayó que “los militares desempeñarán un papel esencial” para llevar a cabo el “cambio pacífico y en dar forma al futuro de Venezuela”, pero que deben cesar cumpliendo el papel represivo que les ha asignado Maduro, así como “expulsar a los agentes de inteligencia cubanos” que los espían.
Esta propuesta se anunció una semana después de que Washington presentó cargos formales por narcoterrorismo contra Maduro y más de una decena de altos funcionarios de su gobierno.
Pero el plan presentado ayer, interpretado por algunos como un giro en la política de Washington luego de meses de frustración –a veces explícita– de Trump y su gobierno ante el fracaso del cambio de régimen que han buscado en Venezuela durante meses, no aclara qué se le ofrece a Maduro y sus aliados.
Para algunos, la iniciativa carece de sentido. El diputado demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja comentó que “por un lado a funcionarios del régimen de Maduro se les está diciendo que no pueden hacer nada para frenar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos promueva cargos en su contra, mientras por el otro se les solicita aceptar un gobierno de transición a cambio de suspensión de sanciones no relacionadas”.
Para otros observadores, esta iniciativa es más que nada una maniobra para pretender que Washington desea una salida, cuando en los hechos no ha apoyado esfuerzos para intentar lograr soluciones políticas anteriores.
