Dr. Jorge A. Lera Mejía
Desde la semana pasada se ha venido cuestionando radicalmente, las formas y los modos como la presidencia de México ha actuado para atacar la crisis económica, iniciada desde el 2019, y ahora, la crisis de salud por la pandemia del Coronavirus.
Al considerar el Pacto Fiscal como injusto para los estados que son grandes productores, los gobernadores del noreste país exigieron al gobierno federal modificar el esquema fiscal para mejorar la distribución de los recursos y enfrentar la situación sanitaria y económica por el Covid-19.
Los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, afirmaron que la repartición es injusta e inequitativa para las entidades de esos estados del noreste que aportan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) entre los tres estados, mientras ellos «sólo reciben migajas», acusaron. A esta iniciativa también se suma el gobernador del estado de Jalisco.
Aclararon que no se trata de abandonar el pacto fiscal, pero si replantearlo, pues el actual tiene una antigüedad desde 1978, establece que la Federación se queda con el 80% de los fondos participables y entrega sólo el 20% a los estados.
Incluso desde julio de 2019, el también gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, planteó la urgencia de redistribuir las partidas entre la federación, estados y municipios.
Una constante que desde tiempos del ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, se proponía que las asignaturas sean del 50% a la Federación, 25% para los Estados y 25% los Municipios.
También este desánimo se desató cuando trascendió que, por la crisis del Covid-19, la Secretaría de Hacienda proyectó reducir 76 mil millones de pesos a las participaciones federales para estados y municipios para el 2021, respecto a lo presupuestado inicialmente. Esto se supo cuando se elaboraron los precriterios económicos para el Presupuesto del 2021.
Por otro lado, también se ha venido cuestionando las políticas fiscales de impuestos en ISR, IVA, IEPS, entre otros, así como la carga de dichos gravámenes en contra de los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores cautivos (causantes cautivos), siendo cada día mayor el crecimiento de la economía informal por empresas y trabajadores que no pagan impuestos y prestaciones. Hoy día la informalidad representa el 60% de las empresas.
Por este otro concepto, cada vez es más fuerte el clamor para realizar una Reforma Fiscal que revierta la baja proporción de la recaudación de impuestos que representa menos del 16% del PIB, cuando en otros países similares representa entre el 25 al 35%.
El Gobierno Federal y el Congreso de la Unión, tendrán que aplicar una Reforma Integral para aumentar su recaudación tras las crisis económica y sanitaria por el coronavirus.
Estas propuestas deben centrarse en cambios profundos que busquen aumentar la recaudación tributaria de las empresas y personas que más ganancias registren, evitando el abuso de la evasión, así como la elusión fiscal.
La previsible recesión que atravesará México en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, que las calificadoras prevén en una caida desde el 3.9% del PIB, hasta más del 15% en el peor de los escenarios al cierre de este año 2020.
Actualmente ya se registran caídas cercanas al 2% del PIB al cierre del primer Trimestre de 2020 (enero a marzo). El empleo formal se redujo en más de 135 mil personas al cierre de marzo. Así como por 340 mil al 8 de abril, de acuerdo a cifras recientes del IMSS.
Ello dificultaría la entrada de recursos, complicada también con la caída del precio del petróleo mexicano, que redunda entre los 10 a 14 dólares por barril de 200 litros.
También se verán afectados los envíos de remesas ante la caída del empleo y economía norteamericana, que ya se calcula en más de 16 millones de desempleados, principalmente del sector servicios, construcción y campo, donde operan los migrantes mexicanos.
El sector turístico es otro de los más golpeados, al igual que la industria automotriz nacional, por lo que la crisis sanitaria está siendo funesta para la economía mexicana, y por ende, las entradas fiscales que verán trastocada la estimación presupuestaria de inicios de este año 2020, tanto para solventar los abultados programas sociales de la 4T, como el propio pago de la deuda pública, por lo que el país atravesaría un escenario de mayor riesgo de pérdida del grado de inversión en su calificación crediticia soberana.
La crisis del empleo, hace que los estados y los organismos empresariales, demanden fuertemente que se lleven a cabo acciones de reasignación del gasto público, difiriendo pagos de impuestos y de servicios públicos hasta por tres meses, suspendiendo proyectos de inversión que no sean prioritarios con la finalidad de destinar esos recursos a fortalecer el sistema de salud y la recuperacion de las MiPyMEs.
Es bastante deseable que se decidan hacer transferencias directas de recursos a los ciudadanos y empresas afectadas ya sea por pérdida del empleo o mayor vulnerabilidad económica.
La propia Secretaría de Hacienda de México previó una variación en 2020 de entre el 0.1 % y el -3.9% del PIB, mientras que analistas del sector privado consultados por el Banco de México pronostican una caída entre el 4 hasta al 6%.
