Agencias.- El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva contra los gigantes tecnológicos de redes sociales como Twitter y Facebook, misma que abre la puerta para que se permita castigar a las firmas por su gestión de contenido.
Trump ha estado furioso contra Twitter desde que la plataforma de redes sociales, que fue una herramienta que le permitió llegar a la presidencia, puso etiquetas de verificación de datos en un par de sus tuits.
«Estoy firmando una Orden Ejecutiva para proteger y defender la libertad de expresión y los derechos del pueblo estadounidense», dijo a través de su cuenta de Twitter.
La orden ejecutiva abre la puerta para que los reguladores federales castiguen a Facebook, Google y Twitter por la forma en que vigilan el contenido en línea, emitiendo un gran margen contra Silicon Valley que rápidamente desencadenó una amplia oposición política y amenazas de un impugnación legal.
Además, buscará limitar las protecciones de responsabilidad amplias proporcionadas a estas firmas bajo la ley federal de Estados Unidos, de acuerdo con el Wall Street Journal.
Las medidas tomadas por el mandatario provocarían así una serie de demandas contra Twitter, Facebook y otros gigantes de la tecnología al hacer que el gobierno limite estas protecciones que gozan dichas plataformas frente al contenido de publicaciones de terceros, según el borrador de una orden ejecutiva obtenido por Bloomberg.
Dichas protecciones contra las demandas se aplican cuando las referidas compañías actúan «de buena fe» al eliminar o limitar la visibilidad de tuits, videos y otras publicaciones en redes sociales que consideren inapropiadas.
Es decir, las citadas firmas tecnológicas tienen una protección legal para eliminar ese tipo de contenido sin que puedan ser demandadas.
No obstante, el proyecto de orden ejecutiva empujaría a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos a emitir reglas que aclaren esa cuestión, lo que potencialmente permitiría a los usuarios, cuyo contenido fue eliminado o restringido, demandar a las empresas si las razones bajo las que tomaron esas acciones fueron inconsistentes con los términos de servicio, no proporcionaron suficiente aviso o no cumplieron con otros criterios sugeridos.
