El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reiteró que ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Central a las diversas solicitudes formuladas por gobernadores de Acción Nacional es que no se descarta el formular nuevas controversias constitucionales.
En ese sentido, mencionó que la Federación se ha venido atribuyendo funciones de los gobierno estatales las cuales no les corresponde.
“Ha sido una acción recurrente del gobierno central el tratar de aglutinar muchas de las acciones que le competen a las autoridades locales, en este caso a las entidades federativas. Ha concentrado decisiones o tratado de centralizar decisiones políticas inclusive decisiones administrativas mismas que han limitado muchas de las acciones que se tienen y deben llevar a cabo los gobiernos estatales”, dijo.
Comentó que una de ellas es la reducción de presupuestos de muchos de los programas que anteriormente llegaban a los estados y no necesariamente a través de los gobiernos estatales simplemente programas y proyectos que deben aterrizar al campo mexicano que hoy desafortunadamente no están llegando.
Continuó diciendo que los Estados requieren no solamente que se les esté recargando la mano con mayores responsabilidades, cuando no se ve reflejado con un respaldo económico para hacer frente a las situaciones adversas que enfrentan los gobiernos estatales, acusó el mandatario tamaulipeco.
Insistió en que no existe una distribución equitativa y adecuada la cual limita a los gobiernos estatales.
Mencionó que hay disposición para el diálogo pero también existen otras alternativas como acudir a la vía legal controversias constitucionales, modificar la Ley de Coordinación Fiscal cuando no hay un respaldo.
Ante la pandemia los gobiernos estatales solicitaron recursos extraordinarios y que desafortunadamente han tenido que reencauzar presupuestos locales para hace frente a la situación.
Así reiteró la disposición para continuar con el diálogo pero también el recurrir a algunas otras alternativas como judiciales.
Con estos Gobernadores, el único diálogo que parece posible es el que se lleve a cabo en los tribunales «judiciales», a través de los departamentos jurídicos de la Federación y los de sus entidades federativas. Al respecto, el uso de la expresión «alternativas judiciales» ni siquiera parece ser el más apropiado; tal vez los gobernadores requieren asesoría jurídica o, por lo menos, tener más cuidado con el manejo del lenguaje.