Dr. Jorge A. Lera Mejía
Ante los embates mediáticos que ha provocado el gobierno federal, contra el bloque conocido como los gobernadores Federalistas o Independientes, integrado por los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en un principio, ampliado con los estados de Jalisco, Durango, Michoacán, Colima y Guanajuato, en esta semana han trascendido nuevas amenazas del llamado Centro contra la Periferia.
Particularmente, ahora anticipan una investigación por el desvío de cerca de mil millones de pesos en Tamaulipas con la ayuda de factureros falsos. No es la primera vez que el ejecutivo federal la hace de Fiscal acusador, con intromisión de los otros poderes.
Lo más sobresaliente es que sueltan un anticipo de investigaciones sin el respeto del sigilo de las mismas. Lo que permite dudar tanto de la veracidad como seriedad de los trabajos que sin duda cada día se esfuerza en ejecutar el Fiscal General de la República (antes PGR), Lic. Alejandro Gertz Mainero.
Lo más sospechoso, sin embargo, es la judicialización de las indagaciones contra lo que se conoce como los representantes de los estados independientes y críticos de las políticas de austeridad y centralistas de la 4T.
Pero al estado que más se concentran las baterías revanchistas del gobierno de López Obrador, es precisamente el de Tamaulipas liderado por Francisco García Cabeza de Vaca, ya que este representa sin cortapisas una de las entidades que más a venido enfrentando las formas y los medios como el gobierno centralista ha manejado las políticas y el gasto público desde el 1 de diciembre del 2018.
Tanto en el manejo en educación pública y los gastos en infraestructura de educación, pasando por la desaparición del Seguro Popular y la fallida sustitución por el Insabi, y más reciente por el manejo mediático de la pandemia del Covid-19, que decir con la ‘austeridad republicana’ que ha venido recortando los gastos dedicados y etiquetados hacia los 32 estados de México.
Por todo ello, el Gobernador de Tamaulipas ha jugado un papel central y protagónico liderando junto Nuevo León y Coahuila los estados originales reconocidos como el bloque ‘Nortexit’.
Desde esa primera alianza, donde el reclamo de los gobernadores Jaime Rodríguez, Miguel Riquelme y Cabeza de Vaca, se concentraron en revisar el llamado Pacto Fiscal o el Plan de Coordinación Fiscal, se volvió no solo una exigencia de los tres norteños, sino ahora con la suma de otros 9 estados hasta llegar a 12 estados que son los que más producen y aportan ingresos fiscales al país.
Incluso, el pasado viernes este bloque que ya contaba con 5 de los 9 gobernadoresdel PAN, hizo sumarse al resto representados por el Grupo GOAN, donde se agrupan los gobernadores panistas, que se sumaron y reclamaron nuevas reglas del federalismo para hacerlo más equitativo en tiempos de la nueva crisis económica y de la pandemia.
En lo relacionado al manejo del Covid-19, los tres estados norteños fueron los primeros que decidieron anticiparse para ordenar el cierre de las actividades no esenciales así como las escuelas básicas y de nivel superior. Así dedde mediados de marzo, un mes antes que lo hiciera el gobierno federal, los tres estados decretaron la suspensión de clases en todos los niveles para evitar contagios.
En Tamaulipas, adicionalmente, se dio a la tarea de ordenar la construcción de ocho hospitales provisionales para la atención de la pandemia en los ocho municipios más grandes del Estado
Lo más impactante para las políticas de la federación, se presentó contra las medidas de Rocio Nahle de la SENER, de detener la apertura y puesta en marcha de las plantas en proceso de energía eólica. Provocando que el estado de Tamaulipas encabezara una controversia ante la Suprema Corte contra dichas medidas que dieron a la política de generación de energía. Lo que finalmente logró que la Suprema Corte admitiera dicha Controversia Constitucional.
A esta escalada se le suma más recientemente cuando hace una semana el Congreso local de Tamaulipas promovió la conocida como ‘Ley Verde’ por la que se impone un impuesto a las empresas que contaminen para generar energía.
Estas acciones regionales y federadas, han puesto a reflexionar que en México nos encontramos con dos fuerzas enfrentadas por la cerrazón del gobierno federal de obstaculizar todo lo que no venga de los caprichos reguladores contra el desarrollo armónico confederado.
Esperemos que estas medidas no de justicia, si no de presión política vayan cediendo a una nueva política conciliatoria entre la federación y los 32 estados, los embates del Centro contra la Periferia, que a nadie benefician y si perjudican a todos los mexicanos en tiempos de sumar y ni de restar…
