Asegura Javier Corral que Chihuahua a recuperado cerca de mil mdp en combate a la corrupción

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Agencias.- El Gobierno de Chihuahua reveló que ha recuperado 962 millones de pesos, a través de juicios fiscales, penales y por aseguramiento de propiedades.

“Se han recuperado en cuentas del Gobierno del Estado 428.67 millones de pesos por la vía fiscal, así como 34 millones de pesos por la vía penal y se han asegurado propiedades y bienes por más de 500 millones de pesos”, dieron a conocer el gobernador Javier Corral y el fiscal general del Estado, César Peniche.

El mandatario local indicó que, mediante los procedimientos administrativos de ejecución, se han realizado importantes e históricos embargos fiscales en contra de beneficiarios reales de los esquemas de evasión fiscal, los cuales incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento.

Como ejemplo, citó que en solo 16 asuntos penales integrados por diversos delitos fiscales como son: defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la evasión de impuestos ascendió a mil 049 millones 796 mil 997 pesos.

Entre los aseguramientos, resaltó de manera particular los del exgobernador César Duarte Jáquez, que incluyen varios ranchos de su propiedad, uno de 29 mil hectáreas de extensión.

La entidad es la que más empresas fantasmas ha reportado a la federación, un total de 209, de las cuales ya se han confirmado como tales 120 que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Se descubrió que 144 empresas facturaron ilegalmente de manera directa al Gobierno del Estado en la adquisición de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios.

También se han detectado 27 esquemas de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes, en operaciones realizadas del 2013 al 2016 en las que intervinieron más de 365 personas físicas y morales, en una trama de corrupción, tejida por la anterior administración estatal.

Otras 246 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, proveedores de proveedores del Gobierno.