El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca efectuó la instalación del Consejo Económico y Social del Estado a fin de promover la participación social y proponer medidas administrativas, jurídicas y financieras las cuales sirvan para impulsar el desarrollo de la entidad. El jefe del Ejecutivo Estatal insistió en que la Ley de Coordinación Fiscal debe ser reformada en su totalidad pues es totalmente obsoleta y no se ajusta a las necesidad que plantean hoy los Estados y Municipios. Insistió en que hoy las condiciones de Tamaulipas son muy diferentes a las de hace 40 años, existen otros factores habiendo un mayor crecimiento pero también demandas por atender. Ante la presencia de representantes de los sectores industrial, agropecuario y de comercio de la entidad recalcó que la Ley de Coordinación Fiscal no se ajusta a la realidad que hay en cada entidad, y es por ello debe haber un convenio particular, con nuevas reglas. Señaló que en 1980 cuando entro en vigor el convenio de coordinación Tamaulipas por cada 100 que cobra en impuestos se quedaba con 51 pesos y enviaba a la Federación 49, pero ahora únicamente le son devueltos 17 pesos y en ocasiones incompletos. Hizo hincapié en que con anterioridad había para los Estados la posibilidad de resarcir cuando no se lograban los ingresos contemplados o había un desequilibrio por un fenómeno natural o variación en los precios del petróleo, para lo cual se suscribían convenios de colaboración. Insistió en que el convenio ha perdido el espíritu federalista que tenía, de ser equitativo y justo en la repartición de los recursos y generar incentivos a aquellos que generan más riqueza e impuestos. Al evento “Dialogo con los Sectores de la Sociedad de Tamaulipas sobre el Nuevo Federalismo” a través de Facebook live y zoom se incorporaron más de 10 mil personas. El Consejo Económico y Social del Estado, es integrado por representantes del Gobierno Estado y sectores productivos con el objeto de ser fungir órgano de consulta, promover la participación social, proponer acuerdos y medidas jurídicas, administrativas y financieras para impulsar el desarrollo de Tamaulipas.