Por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y otros 12 elementos de la Policía Estatal fueron detenidos al estar implicados en el asesinato de 19 personas, entre los cuales se encuentran migrantes, el pasado día 22 de enero, en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo.
También es investigado personal del Instituto Nacional de Migración.
El titular de la Fiscalía de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica ofreció una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que en los hechos participaron grupos de la delincuencia organizada, quienes brindaban protección a traficantes de personas.
Como resultado de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se logró establecer plenamente la participación y responsabilidad de 12 agentes de la Policía Estatal.
Los elementos de la Policía Estatal ya se encuentran detenidos y en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez de Control por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, irregularidades en el desempeño de las funciones y falsedad en informes a una autoridad y otros delitos.
Los trabajos forenses efectuados por los peritos de la Fiscalía han permitido establecer la identidad de cuatro personas. Daniel P. originario de San Luis Potosi y dedicado al tráfico de personas Jesús M. mexicano, que es quien reclamo la camioneta Toyota a personal del Instituto Nacional de Migración, cuando el pasado mes de diciembre en ese mismo lugar fueron asegurados 66 migrantes.
También fueron identificados Elfego R.M y Marvin A.T. ambos de origen guatemalteco.
Sobre las 15 víctimas restantes en los próximos días se pudiera dar a conocer su identidad en atención al proceso de entrega y confronta de perfiles genéticos entre los que se encuentran los proporcionados por nacionales guatemaltecos, que se consideran familiares de los fallecidos.
También se pudo establecer que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar Estados Unidos tanto de Guatemala como de El Salvador en uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección y seguridad.
Las investigaciones también concluyeron la alteración de la escena del crimen, debido a la ausencia de casquillos y municiones, en concordancia con los disparos que recibió el vehículo tipo pick up; así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado y las entrevistas de los elementos que tuvieron conocimiento de los hechos con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación.
El Fiscal Barrios Mojica informó que en caso de resultar responsables los policías de los delitos de homicidio calificado cada uno de los policías podría alcanzar una pena de 20 a 50 años de prisión por cada una de las 19 víctimas.
Además se les imputa la probable comisión de abuso de autoridad en el desempeño de funciones y falsedad de informes dados a una autoridad, por lo que alcanzarían una pena máxima de 7 años de prisión también por cada uno de los calcinados.
