Será el Congreso de Tamaulipas el cual decida si es procedente o no el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca si hay delitos que perseguir o no ya que así lo establece la Constitución Política del Estado. La votación es mediante mayoría calificada la cual tiene el PAN.
Abelardo Perales Mélendez, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, hizo hincapié en que no se trata de un juicio político sino únicamente de una declaración de procedencia que emitirá la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, la cual hará del conocimiento al Congreso local, pero el desafuero lo resuelve el Congreso de Tamaulipas.
Hizo hincapié en que el artículo 111 de la Constitución General de la República establece que debe ser el Congreso Estatal el cual resuelva el desafuero de un Gobernador
Además, de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica y Funcionamiento del Congreso la votación se haría mediante mayoría calificada y Morena tiene solo 10 votos frente a 23 del PAN.
“Aquí se puede provocar algo que no se ha visto en la historia constitucional de México, que un Congreso local puede y que es lo más seguro que suceda al no existir los delitos que le imputan diga que no procede el desafuero, que es lo que creo yo”, comentó.
Advirtió que hay una serie de violaciones al procedimiento que se tienen que tomar en cuenta.
Primero se filtró a todo mundo. Se dio a conocer una denuncia sin estar ratificada por la Fiscalía y eso es una violación al procedimiento
Y segundo al gobernador no se le permitió que se le notificara ayer porque no había sido ratificada la denuncia y porque no estaban los anexos que debía mandar la fiscalía. Los anexos son las carpetas de investigación, comentó
Continuó diciendo que al no estar esos anexos, al no estar ratificada se comete una violación al procedimiento porque el Gobernador no se puede notificar y no se le permitió notificarse ayer que fue a la Cámara de Diputados .
Es es grave porque puede provocar una situación fuera de derecho fuera del debido proceso cuando que el Fiscal debió adjuntar todas las pruebas en las que basa su acusación para que la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados indique lo que a en derecho corresponda pero no puede actuar la Instructora porque no tiene las pruebas que debía haber enviado la Fiscalía, insistió Perales Meléndez
