Agencias.- La informalidad laboral es uno de los principales retos que históricamente ha enfrentado México y que, por las condiciones de la emergencia sanitaria, más la incertidumbre generada en torno a las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo podrían adelgazar los índices y tendencias de generación de empleo formal.
«Hemos detectado que el empleo tenderá a acoplarse al mercado laboral actual, en donde el sector informal es el que absorbe a la mayoría de los trabajadores que quedarían eventualmente fuera de los esquemas de subcontratación», explicó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.
De acuerdo un análisis que realizó ManpowerGroup, se estima que 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing; 2 millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social; y sólo 1 millón 380 mil podrían ser absorbidos como empleados de base por las empresas.
Al cruzar los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del Inegi, con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo el 30% de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60% pasarían a esquemas sin seguridad social y el 10% se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.
Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la Ley Federal del Trabajo.
Estos más de 3 millones de personas engrosarían la informalidad existente en México, donde se reportan más de 30 millones de empleados informales, y a la par reduciría la formalidad actual de 23 millones de trabajadores, de acuerdo al Inegi.
«Lo que podría ocurrir es que habrá algunos sectores que van a ir más a la informalidad si se recurre a la prohibición. Por ejemplo, el sector de transformación y muchas empresas grandes, podrían tener más trabajadores de planta; pero, en el campo se presentaría lo contrario, y se verían aún más afectadas sus condiciones al igual que las micro y pequeñas empresas», explicó Héctor Márquez.
Por otro lado, se debe analizar que sólo hay en el país alrededor de un millón de empleadores que sí realizan contrataciones con seguridad social, cuando el Inegi reporta 2.5 millones de empleadores, lo que significa que una gran mayoría opera en la informalidad.
En enero de 2021, el IMSS registró 1 millón 414 empleadores registrados, donde el 95% de estos son empresas micros y pequeñas, mientras el restante 5% son medianas y grandes.
«Hoy por hoy hablando de empleadores hay 1.5 millones que son empleadores informales, es decir son patrones, pero no registran a su gente, no pagan impuestos, contribuciones de seguridad social, tal vez impuesto de ISR pero no seguridad social», indicó el directivo.
Del 95% de empleadores pequeños y micros, 664 mil 954 eran micro empresas, y 281 mil 149 pequeñas. Mientras que las empresas medianas representaron 42 mil 810, y grandes 11 mil 501.
«Las empresas micro y pequeñas son las que actualmente contratan mayormente sin seguridad social, y se agravaría la situación porque son el tipo de empresa que recurre a la tercerización legal para contratar de manera formal; la prohibición haría mucho más factible la contratación en esquemas que alejen a las personas de la seguridad social, sobre todo en las micro que llegan a tener menos de cinco empleados», detalló el directivo de ManpowerGroup.
México requiere que se genere empleo formal, y eso se va a lograr cerrando las puertas a quienes lo ofrecen mediante esquemas de contratación que evaden las responsabilidades sociales y fiscales.
«Si no cuidamos y procuramos la generación de empleo formal no se va a tener los niveles de bienestar que requiere el país. Es importante que se abone por mantener el empleo temporal formal, y se cuide mantener las vías para generar trabajos formales», concluyó Héctor Márquez.
